El gobierno colombiano envió una nota diplomática al de Ecuador para reiterar que el ataque militar contra las FARC en ese país fue una “acción de Estado” y “no caben responsabilidades individuales”. Bogotá, reiteró su preocupación porque se insista en vincular a funcionarios y ex funcionarios del gobierno del presidente Alvaro Uribe a un caso judicial por la muerte de 26 insurgentes en el bombardeo a un campamento de FARC. En la operación Fenix, ocurrido el 1º marzo de 2008 en el lado ecuatoriano de la frontera, murieron el número dos de las FARC Raúl Reyes y otros guerrilleros.
La fiscalía ecuatoriana anunció la reapertura de una instrucción por presunto asesinato contra el jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, general Freddy Padilla, en un hecho que fue calificado de “inexplicable” por el presidente Alvaro Uribe, que reiteró su rechazo a las pretensiones ecuatorianas al querer tratar a funcionarios y ex funcionarios de su gobierno como delincuentes. “¿Quién es el delincuente, el general Padilla o Raúl Reyes?” se preguntó Uribe.
El juicio que se sigue en Ecuador por el bombardeo involucra también al presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, quien como ministro de Defensa ordenó esa operación. La justicia ecuatoriana ha emitido una orden de prisión preventiva contra el presidente electo. También habían sido vinculados el director de la Policía de Colombia, Oscar Naranjo, y el ex comandante del Ejército Mario Montoya. “Es inexplicable que la hermana República de Ecuador, a través de su administración de justicia, insista en vincular a nuestros ministros y altos mandos como delincuentes, cuando ellos lo que han hecho es realizar una tarea heroica contra el terrorismo”, afirmó el presidente Uribe.
Juristas cuestionan la independencia de la justicia ecuatoriana por inclinar la balanza en el caso y tomar partido por el gobierno del presidente Correa, salpicado por vinculaciones con la guerrilla de las FARC que se conocieron a través los mensajes de la computadora del abatido Reyes.
Mientras el juez Daniel Méndez y el fiscal Carlos Jiménez de la provincia amazónica de Sucumbíos acusaban al electo presidente colombiano Juan Manuel Santos, le daban la libertad a José Ignacio Chauvín, ex asesor del gobierno de Rafael Correa a quien se investigaba por nexos con las FARC y con narcotraficantes de Sucumbíos. El ex funcionario del gobierno ecuatoriano se reunió al menos siete veces con Raúl Reyes.
Sin embargo no fue esa la primera vez que el juez toma decisiones que favorecen a personas vinculadas a las FARC, afirma la prensa ecuatoriana y colombiana. En el libro El juego del Camaleón, del periodista ecuatoriano Arturo Torres, se presentan las pruebas de cómo este mismo juez en el año 2004 anuló el proceso contra Nubia Calderón, militante activa de las FARC y contacto directo de Raúl Reyes con políticos y empresarios de Quito.
E¬n El juego del Camaleón, del periodista del diario El Comercio de Quito, hay una detallada crónica sobre la captura de la guerrillera Nubia Calderón, a quien se le abrió un proceso judicial por portar documentos de identidad falsos y no ser capaz de explicar la procedencia de 17 millones de pesos y 7.000 dólares que estaban en su poder. La detención se había producido en noviembre de 2003 y a pesar de que había un proceso sólido en su contra, el juez penal de Sucumbíos, Daniel Méndez, el mismo que ordenó la detención de Juan Manuel Santos, decidió cerrar el caso el 24 de septiembre de 2004.
Pero en el computador de Raúl Reyes tiene más información sobre los incriminados. Durante un año, tanto Nubia Calderón -bajo el seudónimo de Esperanza- como los jefes guerrilleros Rodrigo Granda y Reyes intercambian información sobre ayuda que abogados y jueces les están haciendo en el caso. A finales de 2003 Esperanza le escribió a Reyes: “...recuperar la plata no es muy complicado y sobre la cédula ilegal dicen que tendrán que dar dinero. Les dije que sí, que lo importante es que el problema quede saneado. Fernando viaja el día miércoles para hablar con el abogado y el juez...”. Según las autoridades, se trata de Fernando Gándara y Luis Muñoz, reconocidos abogados ecuatorianos.
En enero de 2004 Raúl Reyes le escribe a Granda: “Parece que el fiscal de Lago Agrio es amigo de Gándara, de ser así, es más fácil porque este personaje ayuda en estos lados”.
Posteriormente, en agosto de 2004, Esperanza le escribe a Reyes: “La abogada informa que el caso se soluciona borrando todo y la devolución de la plata. El costo es de 6.200 dólares para cancelar los tres ministros de la Corte en lo penal. Según ella, son dos casos separados: uno el de la cédula y el otro el de la entrega del dinero. Que ella ya dio su palabra sobre el pago... con los judiciales hablé para ver la posibilidad de que ayuden en este caso. Se comprometieron. Sólo me pidieron que deberíamos esperar que se sortee el caso, saber a qué corte corresponde y qué juez es el que tiene el caso”.
Un mes después, el juez Méndez ordenó el sobreseimiento del proceso y la devolución del dinero. Nubia Calderón era la mano derecha de Raúl Reyes en Ecuador. Era la compañera afectiva de Franklin Aisalla, muerto en el bombardeo. Se presume que ella estaba en el mismo campamento el día del ataque, pero logró escapar con vida. A través de los mensaje se comprobaron los indicios de que hubo un “arreglo” de las FARC con la justicia para lograr la liberad de Calderón.
El presidente Rafael Correa dijo hace pocos días durante una visita a su colega Hugo Chávez que la Justicia en Ecuador es independiente del gobierno, y que Santos será detenido si entra a su país. “No es cierto que la justicia y la fiscalía sean independientes en Ecuador (...). Están persiguiendo a Santos y al general Padilla por orden del gobierno”, dijo Fabricio Correa, hermano del mandatario ecuatoriano, que coincide con analistas ecuatorianos y colombianos que temen que jueces y fiscales sean funcionales al presidente Correa en el litigio tiene con Colombia.
