El reciente informe de 574 páginas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a cargo del juez sudafricano Richard Goldstone, sobre la guerra entre Israel y Hamas marca nuevamente la politización del organismo y su falta de parcialidad a la hora de analizar las denuncias que allí se radican.
La institución, es la heredera del Comité de Derechos Humanos, disuelto por su politización y su obsesión contra Israel bajo la influencia de los países árabes-musulmanes y sus aliados. “Tiene una larga historia de singularizar a Israel para condenarlo, ignorando a los reales abusadores de los derechos humanos por parte de los peores ofensores del mundo, muchos de los cuales dominan el Consejo de Derechos Humanos y sus antecesores. El Consejo adoptó más resoluciones y decisiones de condena a Israel que todos los demás 191 estados miembro de Naciones Unidas combinados (…) Cuanto más tiempo pasa el Consejo demonizando a Israel, es menos probable que se convierta en aquel que alguna vez condene el genocidio en Sudan, la esclavitud femenina en Arabia Saudita o la tortura en Egipto”, sostuvo la académica del Instituto Hudson, Anne Bayerfsky.
Durante ocho años, ignoró y no reaccionó a los 12.000 cohetes y morteros lanzados sobre los civiles en el territorio israelí desde el territorio palestino de Gaza. Esa escalada del grupo terrorista palestino Hamas, que además gobierna la Franja tras un golpe contra Fatah, culminó con el enfrentamiento abierto a fines de 2008. Fue la organización terrorista Hamas la que inició la guerra, cuando en su fundación proclamó que Israel no debería existir y habría que destruirla.
El informe Goldstone no es una excepción a las constantes campaña antiisraelíes que se realizaron desde el comité de la ONU, explicó Mary Robinson, la ex comisionada de Derechos Humanos, cuando rechazó la oferta de dirigir la misión, al igual que otros funcionarios. Para Robinson la misión “no estaba guiada por los derechos humanos, sino por la política”. Robinson, describió el mandato como "falto de equilibrio por centrarse en lo que hizo Israel, sin solicitar la investigación de los lanzamientos de cohetes por parte de Hamas".
La politización y la clara tendencia para acusar a Israel de todos los males llevó a países democráticos como Suiza, Canadá, Corea, Japón, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Países Bajos a negar su apoyo a la resolución en la comisión.
El informe determina que tanto Israel como Hamas cometieron delitos de guerra en la Franja de Gaza pero se centra, en especial, en las acciones israelíes, ignorando el derecho de legítima defensa de Israel. Como dijera el entonces candidato estadounidense Barack Obama cuando visitó Sderot, la ciudad más devastada por los ataques del grupo terrorista palestino, “la primera tarea de cualquier estado nacional es proteger a sus ciudadanos. Puedo asegurarles que si alguien lanzara misiles contra mi casa, donde mis dos hijas duermen por las noches, haría todo lo que esté a mi alcance para detenerlo. Y esperaría que los israelíes hicieran lo mismo”.
En el informe Goldstone, que recibió la critica del gobierno de Estados Unidos, se minimiza los misiles disparados, de manera deliberada, por Hamas hacia blancos civiles israelíes en el sur del país.
Pese a que Hamas admitió el uso de escudos humanos, no fue tomado como evidencia por la comisión. El informe cita la afirmación de uno de los líderes de Hamas, Fathi Hammad, quien se jactó de que “para el pueblo palestino, la muerte se convirtió en una industria, en la que las mujeres se destacan, como lo hace todos los habitantes que viven en esta tierra. Los mayores sobresalen, como también los jihadistas y los niños. Esta es la razón por la cual formaron escudos humanos con mujeres, niños, ancianos y jihadistas, a fin de desafiar la maquinaria sionista de bombardeo. Es como si le estuvieran diciendo al enemigo sionista: Deseamos morir tanto como ustedes desean vivir”.
También se ignoraron videos, que constituyen una evidencia fuerte, en los que se muestran a los terroristas palestinos disparando misiles en áreas civiles, incluyendo escuelas. Los terroristas de Hamas instalaron plataformas de lanzamiento y construcciones de almacenamiento en la proximidad de escuelas, mezquitas y guarderías. Colocaron minas y otros artefactos explosivos en barrios de la ciudad y utilizaron a niños palestinos como escudos humanos para ocultar a sus efectivos y pertrechos militares.
Pese a que los redactores del informe se propusieron deslegitimar el comportamiento israelí en la guerra, después de la operación en Gaza – entre diciembre 2008 a enero de 2009-, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tras recibir quejas de diversas entidades y Organizaciones No Gubernamentales de su conducta, realizaron cinco investigaciones amplias, y además, otras 80 por más de 100 incidentes particulares. Hasta ahora se han abierto 23 casos para investigación criminal en la justicia israelí, por cierto en la única democracia sólida en una región que no se caracteriza precisamente por el respeto de los derechos humanos.
Toda confrontación militar tiene consecuencias dramáticas. Pero como dijo el hoy presidente Obama “la primera tarea de cualquier nación es proteger a sus ciudadanos”.
Pero el informe Goldstone establece algo peor, una equivalencia moral entre los instigadores de la violencia terrorista y los que estaban tratando de defenderse de ella. Qué podría suceder en el futuro si tomara en cuenta el informe Goldstone. Virtualmente el ejército israelí se vería en problemas por proteger a sus ciudadanos contra los ataques lanzados desde fuera. El mensaje para los terroristas es simple. El informe, los alienta de hecho a seguir atacando, ya que el Estado israelí sería condenado por defender y proteger a sus ciudadanos.
No se puede equiparar el derecho a la legítima defensa y las acciones terroristas contra civiles. Si a los Estados democráticos se les restringe el derecho a la autodefensa, se promueve entonces la agresión ilegal del atacante. El informe Goldstone legitima las actividades terroristas. El informe hace caso omiso del deber y el derecho a la defensa propia que atañe a cada Estado soberano, según están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
