El Ejército Popular Paraguayo (EPP), grupo insurgente que mató a cuatro policías y llevó al presidente Fernando Lugo a decretar el estado de excepción en cinco departamentos del norte del país, tiene una relación de por lo menos una década con la guerrilla de las FARC, según la fiscalía paraguaya.
El grupo armado radical de izquierda que ha reivindicado varios secuestros y asesinatos, es una “organización revolucionaria y político militar” marxista-leninista, que nació dentro del movimiento Patria Libre, algunos de cuyos miembros participaron en el secuestro de Cecilia Cubas, hija del presidente paraguayo Raúl Cubas Grau, en 2004.
Alcides Oviedo Brítez y Juan Francisco Arrom crearon en 1990 la Corriente Patria Libre (CPL), dentro del entonces Movimiento Democrático Popular (MDP) que en 2002 se convirtió en el Partido Patria Libre (PPL). En febrero de 2006 pasaron a la acción con emboscadas, asesinatos de policías, asaltos a comisarías y a entidades financieras.
Se señala a Severiano Martínez, alias Marcos, como el fundador del EPP. El ministro del Interior, Rafael Filizzola, confirmó que la prioridad de su gobierno es la captura de ese líder guerrillero.
El EPP ha estado históricamente relacionado con las FARC. Incluso su manual de operaciones fue elaborado por las FARC, según los reportes de la justicia paraguaya. La información la aportó Carmen Villalba, miembro del EPP, condenada por el secuestro en 2001 de María Edith Bordón.
“Hay que destruir todo y volver a construir una República Socialista, es la única solución para los problemas del país...la guerrilla se ha instalado desde hace mucho tiempo en nuestro país...Es un honor para nosotros, desde la prisión, ser parte del EPP”, afirmó en 2008 la guerrillera capturada.
“Están comprobados los vínculos FARC- EPP. Tenemos pruebas de que las FARC han enviado asesores (a Paraguay) y se comprobó que recibieron el 30% de lo que se pagó por el secuestro de María Edith Bordón”, afirma la fiscal de la Unidad Antisecuestro, Sandra Quiñónez en el diario El Tiempo. Bordón fue secuestrada el 21 de septiembre del 2001 y su familia pagó un millón de dólares por la liberación.
“Osvaldo, (Severino Martínez) jefe del Partido Patria Libre, informa de 300.000 dólares nuestros en su poder cobrados de un rescate en trabajo conjunto FARC-PL”, dice un correo electrónico que le escribió Raúl Reyes a Rodrigo Granda el 16 de septiembre del 2003.
La fiscal había pedido la detención de tres miembros de las FARC: la del abatido Raúl Reyes, Rodrigo Granda y Orley Jurado, alias comandante Santiago, quien fue el asesor en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Ahora espera que un juez solicite una orden de captura internacional, a fin de que Interpol intervenga.
Según la funcionaria guaraní, secuestros registrados en los últimos años así como una serie de ataques a instalaciones gubernamentales y militares, perpetrados por el EPP guardan coincidencia con los métodos de las FARC. Los archivos de la computadora de Reyes señalan que varios paraguayos habrían viajado a Colombia a entrenarse en campamentos del grupo guerrillero. “(...) Los mismos compañeros solicitan refugio por tiempo indefinido para tres compañeros perseguidos allá y piden curso de seis meses para otros cinco”, señala un reporte de Reyes de mayo del 2003.
La justicia paraguaya, con la ayuda de la Policía colombiana, ha seguido pistas que llevan hasta Brasil. En ese país, dicen reportes a los que tuvo acceso el diario El Tiempo, mantienen contacto permanente Juan Arrom -antiguo dirigente del PPL- y el 'cura Camilo', uno de los “duros” del frente internacional de las FARC.
Fuentes de Inteligencia aseguran que a finales del año pasado, hubo contactos entre Granda y el paraguayo Manuel Mieres -militante del EPP- para que ese grupo tuviera una delegación en el tercer encuentro de la Coordinadora Continental Bolivariana, que se reunió en Venezuela.
Los investigadores ha detectado también el interés de las FARC en actividades ilegales que se desarrollan en la denominada Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), donde informes de inteligencia revelan un intenso tráfico de drogas, armas ilegales, lavado de dinero y presencia de células de grupos extremistas islámicos. Según un informe de inteligencia, originado en la Gendarmería y que circula reservadamente en la región, se da cuenta de que el EPP estaría organizando en la Triple Frontera una base de apoyo logístico aconsejados por las FARC. “Allí habría indicios de que el EPP estaría armando una red de apoyo, consistente en operaciones de tráfico de drogas, abastecimiento de armas y documentación falsa. Las facilidades que ofrecería la Triple Frontera para este tipo de planes son enormes, por la gran densidad del comercio ilegal de todo tipo”.
Las alianzas entre grupos terroristas y las narcotraficantes son una preocupación creciente para los organismos de seguridad. Recientemente, el legislador paraguayo, Roberto Acevedo, se salvó milagrosamente tras ser herido por dos impactos de bala en su brazo derecho, cuando desconocidos ametrallaron su camioneta. En el ataque murieron su chofer y el guardaespaldas. Acevedo ha denunciado los cárteles que operan en la región y ha declarado que “Pedro Juan Caballero es similar a la mexicana Ciudad Juárez. La capital del Amambay, a 600 kilómetros al norte de Asunción, está dominada por la violencia entre traficantes de marihuana, principalmente, y de cocaína”, expresó Acevedo. Allí existen células de los carteles más poderosos del Brasil, el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital. El diario Correio Braziliense, señala que la mafia paulista que penetró los departamentos paraguayos tiene relación con las FARC a través del traficante máximo de Brasil, Luiz Fernando da Costa (Fernandinho Beira-Mar), quien en su fuga a Colombia estableció lazos comerciales con ese grupo narcoguerrillero. Esa conexión se habría afianzado en los últimos años para el tráfico de un “producto de origen”, la marihuana paraguaya, que abastece el 80% del mercado brasileño. El ex mandatario brasileño y actual presidente del Congreso, José Sarney, reclamó que Brasil tiene que ayudar a combatir los grupos armados que amenazan a Paraguay para evitar que en ese país se repita lo ocurrido en Colombia y en Perú, con guerrillas fortalecidas por el narcotráfico.
“Hoy es muy difícil ver una línea de división entre narcotraficantes, guerrilleros de izquierda o terroristas islamistas. La globalización los ha acercado. Comparten tácticas y estrategias contra los gobiernos democráticos. Es un cóctel sumamente peligroso que jaquea a las democracias”, sostienen agentes de inteligencia.
