La comparación entre México y Colombia no es antojadiza. El término no es nuevo. Fue el ex presidente colombiano, Ernesto Samper, quien desde 2003 habló de un México “colombianizado”. El término “colombianización”, según el cual, a mayor violencia en México, mayor es su parecido a Colombia, no se puede soslayar. Más allá de disímiles argumentos, lo que nadie niega es que muchos de los sucesos que vivió Colombia hoy se repiten en un México sumergido en plena guerra contra el narcotráfico.
La lucha contra el crimen organizado que ha emprendido el presidente mexicano Felipe Calderón está recibiendo los mismos efectos que el gobierno colombiano obtuvo al declararle la guerra al Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar: olas de asesinatos, secuestros, atentados, magnicidios y narcopolítica. La desaparición del ex senador y ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, entre otros sucesos, reabrieron el debate sobre la “colombianización”.
“No hay duda que evoca ecos de la Colombia de hace dos décadas”, afirma Michael Shifter, presidente del Dialogo Interamericano. Hoy se comienza a admitir que México empieza a parecerse a la Colombia de finales de los 80 y principios de los 90, ferozmente azotada por el narcoterrorismo. La ausencia de autoridades fuertes y efectivas provoca un vacío que es llenado por otros grupos de poder. La irrupción de la “narcopolítica”, pesa sobre la democracia mexicana, debido al gran poder corruptor del narcotráfico en las policías, tribunales y funcionarios. “El narcotráfico y la corrupción van de la mano, no se entiende uno sin el otro. Hay narcos que son políticos o políticos que son narcos, que no es lo mismo”, sostiene el analista azteca Mauricio Cárdenas Vargas.
“Quien traicione la confianza de la sociedad y decida servir a los criminales y no a los ciudadanos, a los que está obligado a servir, tiene que saber que no habrá consideración alguna que lo libre de la acción de la justicia”, reiteró en varias oportunidades el presidente Calderón.
Buena parte de los 310 millones de dólares que el presidente estadounidense Barack Obama busca destinar a México en el proyecto presupuestario del 2011, en el marco de la Iniciativa Mérida, se dirige a reformas judiciales y programas de buen gobierno, como forma de combatir el poder de los carteles. La Iniciativa de Mérida fue concebida en 2007 como un programa plurianual de 1.400 millones de dólares. Desde que comenzó el programa en el año fiscal 2008, el Congreso de Estados Unidos le ha asignado a éste 1.300 millones dólares. Sobre la base de la Iniciativa de Mérida, los gobiernos de Estados Unidos y México han establecido cuatro ámbitos estratégicos que guían esa cooperación e institucionalizan la colaboración: desmantelar los grupos delictivos organizados; reforzar las instituciones; crear una frontera del siglo XXI y construir comunidades fuertes y resistentes en ambos países.
El diputado federal oficialista, Manuel Clouthier Carrillo, denunció ante la cadena televisiva Al Jazeera que los narcopolíticos son el problema más serio para la democracia en México. “Eso significa que el peligro más serio para nuestra débil, incipiente democracia, son los narcopolíticos, y eso es, precisamente lo que está sucediendo en Sinaloa donde yo vivo”, manifestó. El narco en México se ha convertido no solamente en un problema de seguridad pública, dijo, sino en una amenaza a la seguridad nacional. “Ha crecido tan enormemente que se ha convertido en una cosa monstruosa y ha corrompido a los gobiernos locales para establecer lo que yo llamo la narcopolítica”.
La narcopolítica estalló en los últimos días en la campaña para las elecciones de gobernadores en 12 estados con la detención de un candidato opositor y ex alcalde de Cancún.
La fiscalía federal mexicana acusó esta semana al candidato a gobernador de Quintana Roo, el izquierdista Gregorio Sánchez, de proteger a las organizaciones narcotraficantes 'Beltrán Leyva' y 'Los Zetas', además de lavado de dinero.
Sánchez, que fue detenido, “se encuentra vinculado con las organizaciones delictivas de los Beltrán Leyva y Los Zetas, que operaban en dicha entidad, brindándoles información y protección”, explicó en rueda de prensa el portavoz de la Procuraduría General de la República, Ricardo Nájera.
El candidato, quien hasta abril era alcalde de Benito Juárez, el municipio donde se ubica el balneario de Cancún, también es acusado de realizar operaciones financieras con grandes cantidades de dinero, recursos que exceden sus ingresos declarados, añadió.
La postulación de Sánchez a las elecciones del 4 de julio es impulsada principalmente por el izquierdista PRD, en coalición con el Partido del Trabajo y Convergencia, también de izquierda.
Exactamente hace un año fueron detenidos 11 alcaldes del estado de Michoacán, siete del izquierdista PRD y uno del gobernante PAN, por presuntos nexos con 'La Familia', otro de los cárteles de la droga mexicanos, cuya violencia azota a México con más de 22.700 asesinatos en los últimos tres años y medio.
Las detenciones, practicadas también meses antes de las elecciones legislativas, se enmarcaban en el combate al narcotráfico que emprendió el presidente Calderón a su llegada al cargo en diciembre de 2006, que incluyó el despliegue de casi 50.000 soldados.
Quintana Roo, fronterizo con Belice, ha sido identificado como una de las principales puertas de entrada de drogas a México. El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid del Partido Revolucionario Institucional, fue detenido en 2001 y extraditado el pasado 8 de mayo a Estados Unidos por presunta colaboración con el Cártel de Juárez durante su gestión (1994-99).
El narcoterrorismo amenaza la democracia en México y controla porciones territoriales. “Todavía no hemos llegado al nivel de Colombia, pero hay zonas donde la jurisdicción del Estado está en entredicho”, sostuvo Lorenzo Córdova, un analista político, en una entrevista de la cadena BBC.
viernes, 28 de mayo de 2010
viernes, 21 de mayo de 2010
El preciado uranio boliviano
Bolivia inició la exploración y prospección de sus reservas de uranio en la región de Potosí. El programa, que lleva adelante el gobierno del presidente Evo Morales, con un costo de unos 500.000 dólares, indica que su gobierno decidió retomar el desarrollo de la energía atómica, según revela la prensa del altiplano.
Las autoridades admitieron que Bolivia tiene reservas de uranio en algunas regiones del país y estudios que datan de la década del 70. El Instituto de Tecnología Nuclear de Bolivia tuvo alguna vez una planta de producción de uranio, aunque era de baja calidad en el departamento de Potosí, pero la instalación fue cerrada hace más de dos décadas, explicó la prensa paceña citando reportes de la BBC. En 1974 Bolivia consiguió elaborar dos kilogramos de “torta amarilla” (óxido de uranio concentrado que se usa para el combustible de las centrales atómicas). La empresa canadiense Mega Uranium en asociación con Intrepid Mines realizó trabajos de prospección en 2006, y posteriormente, con la también canadiense U308 Corp. que opera en varios países de la región, realizaron otros estudios.
El proyecto preocupa a las principales potencias, que han lanzado sus sospechas de que Bolivia podría enviar uranio a sus aliados, particularmente a Irán, cuestionado por su programa nuclear, y a punto de recibir la sexta sanción del Consejo de Seguridad de la ONU. Los servicios de inteligencia de Israel fueron los primeros que alertaron sobre el interés del régimen iraní en el combustible atómico, algo que los gobiernos de La Paz y Caracas negaron.
Desde la llegada de Morales al poder, las relaciones diplomáticas de Bolivia e Irán se han estrechado. La primera visita de Mahmud Ahmadinejad a La Paz fue a mediados de 2007 y la segunda en 2009 tras su paso por Venezuela. El presidente boliviano, en ambos encuentros, respaldó el plan iraní de enriquecimiento de uranio, en el marco de discursos cargados con una gran retórica antiestadounidense, al igual que lo hizo su aliado, el presidente Hugo Chávez. El líder iraní agradeció en farsi “a Dios todopoderoso, porque a pesar de todas las dificultades que provocan el imperialismo y nuestros enemigos, la colaboración entre los dos países está avanzando cada día más”. Morales y Ahmadinejad suscribieron un plan de cooperación industrial de cinco años por un monto de unos 1.000 millones de dólares a cargo de una comisión ministerial y técnica entre ambos países.
En septiembre de 2008, Morales viajó a Teherán y acordó con Ahmadinejad acelerar la ejecución e incrementar proyectos conjuntos de ambas naciones. En esa portunidad, ambos presidentes emitieron una declaración sobre la interferencia del Consejo de Seguridad de la ONU en el expediente nuclear iraní, y Morales afirmó que ello no tiene justificación legal ni técnica.
La decisión de Morales de apoyar, sin vacilación, la posición de Irán en su actual enfrentamiento nuclear sirvió para consolidar la amistad entre Irán y Bolivia, al igual que lo ha hecho el gobierno de Venezuela y el resto de los países de la alianza antinorteamericana denominada Alba.
La polémica volvió recientemente a la agenda, luego que la Cámara de Diputados de Bolivia aprobara con los votos del oficialismo un acuerdo de cooperación con Irán,a pesar de las protestas de parlamentarias de la oposición que denunciaron violaciones de los derechos de las mujeres en ese país islámico. El acuerdo incluye proyectos bilaterales “en los sectores de hidrocarburos, cultura, ciencia y tecnología, administración de los recursos naturales, construcción y manufacturas”.
Sin embargo, según sostiene el historiador y profesor de origen libanés George Chaya, “Irán no tiene interés en acuerdos bilaterales con Bolivia si usted piensa en términos de salud, alimentación, cultura u otra materia de real interés del pueblo boliviano. Su interés en Bolivia se centra absolutamente en sus reservas de uranio y en la ubicación geográfica de Bolivia dentro del continente. Quien crea lo contrario incurre en un grosero error”.
En opinión del historiador, “lo que sí existe por parte del régimen iraní, repito, es el interés por las importantes riquezas en uranio que dispone Bolivia, y ello es lo que Irán hace administrar a través de la tercerización con Caracas. Irán dispone de gas necesario y es el tercer productor mundial de petróleo, pero no dispone de uranio. En esa dirección se debe entender la relación de interés más allá de cualquier inversión en salud o agricultura que publiciten ambos gobiernos”.
Los principales países consideran que el reciente pacto de Irán con Brasil y Turquía es otra estrategia dilatoria del régimen iraní para ganar tiempo mientras continúa con su programa de desarrollo de armas nucleares. Los expertos ven con escepticismo el acuerdo de Brasil, Turquía e Irán, y descartan que haya sido una victoria de la diplomacia del presidente Lula, debido a que Teherán sigue adelante con sus planes atómicos. “No creo que haya sido una victoria diplomática de Brasil”, dijo Sharon Squassoni, experta del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington y ex funcionaria del gobierno del presidente Bill Clinton, en una entrevista con el analista Andrés Oppenheimer. “Más bien fue una maniobra de Irán para tratar de evitar nuevas sanciones internacionales. Desde ese punto de vista, les salió mal”, explicó la experta. Por eso la estrategia iraní, para el aprovisionamiento de uranio debe ser diversificado, ante las sanciones que las grandes potencias llevan adelante para frenar su carrera atómica. El uranio boliviano tiene un valor superlativo para Teherán. “Bolivia -afirman expertos- se ha convertido así en un país geoestratégico para el gobierno del Ahmadinejad”.
Las autoridades admitieron que Bolivia tiene reservas de uranio en algunas regiones del país y estudios que datan de la década del 70. El Instituto de Tecnología Nuclear de Bolivia tuvo alguna vez una planta de producción de uranio, aunque era de baja calidad en el departamento de Potosí, pero la instalación fue cerrada hace más de dos décadas, explicó la prensa paceña citando reportes de la BBC. En 1974 Bolivia consiguió elaborar dos kilogramos de “torta amarilla” (óxido de uranio concentrado que se usa para el combustible de las centrales atómicas). La empresa canadiense Mega Uranium en asociación con Intrepid Mines realizó trabajos de prospección en 2006, y posteriormente, con la también canadiense U308 Corp. que opera en varios países de la región, realizaron otros estudios.
El proyecto preocupa a las principales potencias, que han lanzado sus sospechas de que Bolivia podría enviar uranio a sus aliados, particularmente a Irán, cuestionado por su programa nuclear, y a punto de recibir la sexta sanción del Consejo de Seguridad de la ONU. Los servicios de inteligencia de Israel fueron los primeros que alertaron sobre el interés del régimen iraní en el combustible atómico, algo que los gobiernos de La Paz y Caracas negaron.
Desde la llegada de Morales al poder, las relaciones diplomáticas de Bolivia e Irán se han estrechado. La primera visita de Mahmud Ahmadinejad a La Paz fue a mediados de 2007 y la segunda en 2009 tras su paso por Venezuela. El presidente boliviano, en ambos encuentros, respaldó el plan iraní de enriquecimiento de uranio, en el marco de discursos cargados con una gran retórica antiestadounidense, al igual que lo hizo su aliado, el presidente Hugo Chávez. El líder iraní agradeció en farsi “a Dios todopoderoso, porque a pesar de todas las dificultades que provocan el imperialismo y nuestros enemigos, la colaboración entre los dos países está avanzando cada día más”. Morales y Ahmadinejad suscribieron un plan de cooperación industrial de cinco años por un monto de unos 1.000 millones de dólares a cargo de una comisión ministerial y técnica entre ambos países.
En septiembre de 2008, Morales viajó a Teherán y acordó con Ahmadinejad acelerar la ejecución e incrementar proyectos conjuntos de ambas naciones. En esa portunidad, ambos presidentes emitieron una declaración sobre la interferencia del Consejo de Seguridad de la ONU en el expediente nuclear iraní, y Morales afirmó que ello no tiene justificación legal ni técnica.
La decisión de Morales de apoyar, sin vacilación, la posición de Irán en su actual enfrentamiento nuclear sirvió para consolidar la amistad entre Irán y Bolivia, al igual que lo ha hecho el gobierno de Venezuela y el resto de los países de la alianza antinorteamericana denominada Alba.
La polémica volvió recientemente a la agenda, luego que la Cámara de Diputados de Bolivia aprobara con los votos del oficialismo un acuerdo de cooperación con Irán,a pesar de las protestas de parlamentarias de la oposición que denunciaron violaciones de los derechos de las mujeres en ese país islámico. El acuerdo incluye proyectos bilaterales “en los sectores de hidrocarburos, cultura, ciencia y tecnología, administración de los recursos naturales, construcción y manufacturas”.
Sin embargo, según sostiene el historiador y profesor de origen libanés George Chaya, “Irán no tiene interés en acuerdos bilaterales con Bolivia si usted piensa en términos de salud, alimentación, cultura u otra materia de real interés del pueblo boliviano. Su interés en Bolivia se centra absolutamente en sus reservas de uranio y en la ubicación geográfica de Bolivia dentro del continente. Quien crea lo contrario incurre en un grosero error”.
En opinión del historiador, “lo que sí existe por parte del régimen iraní, repito, es el interés por las importantes riquezas en uranio que dispone Bolivia, y ello es lo que Irán hace administrar a través de la tercerización con Caracas. Irán dispone de gas necesario y es el tercer productor mundial de petróleo, pero no dispone de uranio. En esa dirección se debe entender la relación de interés más allá de cualquier inversión en salud o agricultura que publiciten ambos gobiernos”.
Los principales países consideran que el reciente pacto de Irán con Brasil y Turquía es otra estrategia dilatoria del régimen iraní para ganar tiempo mientras continúa con su programa de desarrollo de armas nucleares. Los expertos ven con escepticismo el acuerdo de Brasil, Turquía e Irán, y descartan que haya sido una victoria de la diplomacia del presidente Lula, debido a que Teherán sigue adelante con sus planes atómicos. “No creo que haya sido una victoria diplomática de Brasil”, dijo Sharon Squassoni, experta del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington y ex funcionaria del gobierno del presidente Bill Clinton, en una entrevista con el analista Andrés Oppenheimer. “Más bien fue una maniobra de Irán para tratar de evitar nuevas sanciones internacionales. Desde ese punto de vista, les salió mal”, explicó la experta. Por eso la estrategia iraní, para el aprovisionamiento de uranio debe ser diversificado, ante las sanciones que las grandes potencias llevan adelante para frenar su carrera atómica. El uranio boliviano tiene un valor superlativo para Teherán. “Bolivia -afirman expertos- se ha convertido así en un país geoestratégico para el gobierno del Ahmadinejad”.
viernes, 14 de mayo de 2010
¿El EPP, discípulo de las FARC?
El Ejército Popular Paraguayo (EPP), grupo insurgente que mató a cuatro policías y llevó al presidente Fernando Lugo a decretar el estado de excepción en cinco departamentos del norte del país, tiene una relación de por lo menos una década con la guerrilla de las FARC, según la fiscalía paraguaya.
El grupo armado radical de izquierda que ha reivindicado varios secuestros y asesinatos, es una “organización revolucionaria y político militar” marxista-leninista, que nació dentro del movimiento Patria Libre, algunos de cuyos miembros participaron en el secuestro de Cecilia Cubas, hija del presidente paraguayo Raúl Cubas Grau, en 2004.
Alcides Oviedo Brítez y Juan Francisco Arrom crearon en 1990 la Corriente Patria Libre (CPL), dentro del entonces Movimiento Democrático Popular (MDP) que en 2002 se convirtió en el Partido Patria Libre (PPL). En febrero de 2006 pasaron a la acción con emboscadas, asesinatos de policías, asaltos a comisarías y a entidades financieras.
Se señala a Severiano Martínez, alias Marcos, como el fundador del EPP. El ministro del Interior, Rafael Filizzola, confirmó que la prioridad de su gobierno es la captura de ese líder guerrillero.
El EPP ha estado históricamente relacionado con las FARC. Incluso su manual de operaciones fue elaborado por las FARC, según los reportes de la justicia paraguaya. La información la aportó Carmen Villalba, miembro del EPP, condenada por el secuestro en 2001 de María Edith Bordón.
“Hay que destruir todo y volver a construir una República Socialista, es la única solución para los problemas del país...la guerrilla se ha instalado desde hace mucho tiempo en nuestro país...Es un honor para nosotros, desde la prisión, ser parte del EPP”, afirmó en 2008 la guerrillera capturada.
“Están comprobados los vínculos FARC- EPP. Tenemos pruebas de que las FARC han enviado asesores (a Paraguay) y se comprobó que recibieron el 30% de lo que se pagó por el secuestro de María Edith Bordón”, afirma la fiscal de la Unidad Antisecuestro, Sandra Quiñónez en el diario El Tiempo. Bordón fue secuestrada el 21 de septiembre del 2001 y su familia pagó un millón de dólares por la liberación.
“Osvaldo, (Severino Martínez) jefe del Partido Patria Libre, informa de 300.000 dólares nuestros en su poder cobrados de un rescate en trabajo conjunto FARC-PL”, dice un correo electrónico que le escribió Raúl Reyes a Rodrigo Granda el 16 de septiembre del 2003.
La fiscal había pedido la detención de tres miembros de las FARC: la del abatido Raúl Reyes, Rodrigo Granda y Orley Jurado, alias comandante Santiago, quien fue el asesor en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Ahora espera que un juez solicite una orden de captura internacional, a fin de que Interpol intervenga.
Según la funcionaria guaraní, secuestros registrados en los últimos años así como una serie de ataques a instalaciones gubernamentales y militares, perpetrados por el EPP guardan coincidencia con los métodos de las FARC. Los archivos de la computadora de Reyes señalan que varios paraguayos habrían viajado a Colombia a entrenarse en campamentos del grupo guerrillero. “(...) Los mismos compañeros solicitan refugio por tiempo indefinido para tres compañeros perseguidos allá y piden curso de seis meses para otros cinco”, señala un reporte de Reyes de mayo del 2003.
La justicia paraguaya, con la ayuda de la Policía colombiana, ha seguido pistas que llevan hasta Brasil. En ese país, dicen reportes a los que tuvo acceso el diario El Tiempo, mantienen contacto permanente Juan Arrom -antiguo dirigente del PPL- y el 'cura Camilo', uno de los “duros” del frente internacional de las FARC.
Fuentes de Inteligencia aseguran que a finales del año pasado, hubo contactos entre Granda y el paraguayo Manuel Mieres -militante del EPP- para que ese grupo tuviera una delegación en el tercer encuentro de la Coordinadora Continental Bolivariana, que se reunió en Venezuela.
Los investigadores ha detectado también el interés de las FARC en actividades ilegales que se desarrollan en la denominada Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), donde informes de inteligencia revelan un intenso tráfico de drogas, armas ilegales, lavado de dinero y presencia de células de grupos extremistas islámicos. Según un informe de inteligencia, originado en la Gendarmería y que circula reservadamente en la región, se da cuenta de que el EPP estaría organizando en la Triple Frontera una base de apoyo logístico aconsejados por las FARC. “Allí habría indicios de que el EPP estaría armando una red de apoyo, consistente en operaciones de tráfico de drogas, abastecimiento de armas y documentación falsa. Las facilidades que ofrecería la Triple Frontera para este tipo de planes son enormes, por la gran densidad del comercio ilegal de todo tipo”.
Las alianzas entre grupos terroristas y las narcotraficantes son una preocupación creciente para los organismos de seguridad. Recientemente, el legislador paraguayo, Roberto Acevedo, se salvó milagrosamente tras ser herido por dos impactos de bala en su brazo derecho, cuando desconocidos ametrallaron su camioneta. En el ataque murieron su chofer y el guardaespaldas. Acevedo ha denunciado los cárteles que operan en la región y ha declarado que “Pedro Juan Caballero es similar a la mexicana Ciudad Juárez. La capital del Amambay, a 600 kilómetros al norte de Asunción, está dominada por la violencia entre traficantes de marihuana, principalmente, y de cocaína”, expresó Acevedo. Allí existen células de los carteles más poderosos del Brasil, el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital. El diario Correio Braziliense, señala que la mafia paulista que penetró los departamentos paraguayos tiene relación con las FARC a través del traficante máximo de Brasil, Luiz Fernando da Costa (Fernandinho Beira-Mar), quien en su fuga a Colombia estableció lazos comerciales con ese grupo narcoguerrillero. Esa conexión se habría afianzado en los últimos años para el tráfico de un “producto de origen”, la marihuana paraguaya, que abastece el 80% del mercado brasileño. El ex mandatario brasileño y actual presidente del Congreso, José Sarney, reclamó que Brasil tiene que ayudar a combatir los grupos armados que amenazan a Paraguay para evitar que en ese país se repita lo ocurrido en Colombia y en Perú, con guerrillas fortalecidas por el narcotráfico.
“Hoy es muy difícil ver una línea de división entre narcotraficantes, guerrilleros de izquierda o terroristas islamistas. La globalización los ha acercado. Comparten tácticas y estrategias contra los gobiernos democráticos. Es un cóctel sumamente peligroso que jaquea a las democracias”, sostienen agentes de inteligencia.
El grupo armado radical de izquierda que ha reivindicado varios secuestros y asesinatos, es una “organización revolucionaria y político militar” marxista-leninista, que nació dentro del movimiento Patria Libre, algunos de cuyos miembros participaron en el secuestro de Cecilia Cubas, hija del presidente paraguayo Raúl Cubas Grau, en 2004.
Alcides Oviedo Brítez y Juan Francisco Arrom crearon en 1990 la Corriente Patria Libre (CPL), dentro del entonces Movimiento Democrático Popular (MDP) que en 2002 se convirtió en el Partido Patria Libre (PPL). En febrero de 2006 pasaron a la acción con emboscadas, asesinatos de policías, asaltos a comisarías y a entidades financieras.
Se señala a Severiano Martínez, alias Marcos, como el fundador del EPP. El ministro del Interior, Rafael Filizzola, confirmó que la prioridad de su gobierno es la captura de ese líder guerrillero.
El EPP ha estado históricamente relacionado con las FARC. Incluso su manual de operaciones fue elaborado por las FARC, según los reportes de la justicia paraguaya. La información la aportó Carmen Villalba, miembro del EPP, condenada por el secuestro en 2001 de María Edith Bordón.
“Hay que destruir todo y volver a construir una República Socialista, es la única solución para los problemas del país...la guerrilla se ha instalado desde hace mucho tiempo en nuestro país...Es un honor para nosotros, desde la prisión, ser parte del EPP”, afirmó en 2008 la guerrillera capturada.
“Están comprobados los vínculos FARC- EPP. Tenemos pruebas de que las FARC han enviado asesores (a Paraguay) y se comprobó que recibieron el 30% de lo que se pagó por el secuestro de María Edith Bordón”, afirma la fiscal de la Unidad Antisecuestro, Sandra Quiñónez en el diario El Tiempo. Bordón fue secuestrada el 21 de septiembre del 2001 y su familia pagó un millón de dólares por la liberación.
“Osvaldo, (Severino Martínez) jefe del Partido Patria Libre, informa de 300.000 dólares nuestros en su poder cobrados de un rescate en trabajo conjunto FARC-PL”, dice un correo electrónico que le escribió Raúl Reyes a Rodrigo Granda el 16 de septiembre del 2003.
La fiscal había pedido la detención de tres miembros de las FARC: la del abatido Raúl Reyes, Rodrigo Granda y Orley Jurado, alias comandante Santiago, quien fue el asesor en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Ahora espera que un juez solicite una orden de captura internacional, a fin de que Interpol intervenga.
Según la funcionaria guaraní, secuestros registrados en los últimos años así como una serie de ataques a instalaciones gubernamentales y militares, perpetrados por el EPP guardan coincidencia con los métodos de las FARC. Los archivos de la computadora de Reyes señalan que varios paraguayos habrían viajado a Colombia a entrenarse en campamentos del grupo guerrillero. “(...) Los mismos compañeros solicitan refugio por tiempo indefinido para tres compañeros perseguidos allá y piden curso de seis meses para otros cinco”, señala un reporte de Reyes de mayo del 2003.
La justicia paraguaya, con la ayuda de la Policía colombiana, ha seguido pistas que llevan hasta Brasil. En ese país, dicen reportes a los que tuvo acceso el diario El Tiempo, mantienen contacto permanente Juan Arrom -antiguo dirigente del PPL- y el 'cura Camilo', uno de los “duros” del frente internacional de las FARC.
Fuentes de Inteligencia aseguran que a finales del año pasado, hubo contactos entre Granda y el paraguayo Manuel Mieres -militante del EPP- para que ese grupo tuviera una delegación en el tercer encuentro de la Coordinadora Continental Bolivariana, que se reunió en Venezuela.
Los investigadores ha detectado también el interés de las FARC en actividades ilegales que se desarrollan en la denominada Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), donde informes de inteligencia revelan un intenso tráfico de drogas, armas ilegales, lavado de dinero y presencia de células de grupos extremistas islámicos. Según un informe de inteligencia, originado en la Gendarmería y que circula reservadamente en la región, se da cuenta de que el EPP estaría organizando en la Triple Frontera una base de apoyo logístico aconsejados por las FARC. “Allí habría indicios de que el EPP estaría armando una red de apoyo, consistente en operaciones de tráfico de drogas, abastecimiento de armas y documentación falsa. Las facilidades que ofrecería la Triple Frontera para este tipo de planes son enormes, por la gran densidad del comercio ilegal de todo tipo”.
Las alianzas entre grupos terroristas y las narcotraficantes son una preocupación creciente para los organismos de seguridad. Recientemente, el legislador paraguayo, Roberto Acevedo, se salvó milagrosamente tras ser herido por dos impactos de bala en su brazo derecho, cuando desconocidos ametrallaron su camioneta. En el ataque murieron su chofer y el guardaespaldas. Acevedo ha denunciado los cárteles que operan en la región y ha declarado que “Pedro Juan Caballero es similar a la mexicana Ciudad Juárez. La capital del Amambay, a 600 kilómetros al norte de Asunción, está dominada por la violencia entre traficantes de marihuana, principalmente, y de cocaína”, expresó Acevedo. Allí existen células de los carteles más poderosos del Brasil, el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital. El diario Correio Braziliense, señala que la mafia paulista que penetró los departamentos paraguayos tiene relación con las FARC a través del traficante máximo de Brasil, Luiz Fernando da Costa (Fernandinho Beira-Mar), quien en su fuga a Colombia estableció lazos comerciales con ese grupo narcoguerrillero. Esa conexión se habría afianzado en los últimos años para el tráfico de un “producto de origen”, la marihuana paraguaya, que abastece el 80% del mercado brasileño. El ex mandatario brasileño y actual presidente del Congreso, José Sarney, reclamó que Brasil tiene que ayudar a combatir los grupos armados que amenazan a Paraguay para evitar que en ese país se repita lo ocurrido en Colombia y en Perú, con guerrillas fortalecidas por el narcotráfico.
“Hoy es muy difícil ver una línea de división entre narcotraficantes, guerrilleros de izquierda o terroristas islamistas. La globalización los ha acercado. Comparten tácticas y estrategias contra los gobiernos democráticos. Es un cóctel sumamente peligroso que jaquea a las democracias”, sostienen agentes de inteligencia.
viernes, 7 de mayo de 2010
Las FARC se “narcotraficaron”
El candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), aseguró que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cambió el apoyo popular por el financiero de la cocaína. “Indudablemente se 'narcotraficaron' y cada vez más”, afirmó Petro, un ex integrante de la desmovilizada guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19). “Reemplazaron la búsqueda del apoyo popular por el apoyo financiero, por la cocaína”, denunció el político de izquierda.
La afirmación de que la guerrilla izquierdista, la más antigua del continente, se financia con el narcotráfico no es nueva. Lo nuevo es que, desde algunos sectores políticos de izquierda que antes la defendieron a ultranza, ahora llegan las críticas y aceptan las denuncias que el gobierno colombiano y otros países ya habían realizado. “Son una organización narcoterrorista. Sean un cartel o no, están financiados y apoyados por el narcotráfico”, sostienen expertos colombianos, al analizar la estrategia del grupo insurgente.
El jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz de Colombia con los paramilitares, el argentino Marcelo Alvarez, denunció alianzas entre la guerrilla de las FARC y bandas criminales de ex paramilitares para beneficiarse del narcotráfico. “Hemos observado alianzas en términos de economías ilícitas y no enfrentamientos entre las bandas emergentes (ex paramilitares) y las FARC”, dijo Alvarez.
El representante de la OEA explicó que se trata de alianzas “coyunturales en términos de narcotráfico y, de otro lado, pactos de no agresión y delimitación de zonas de control de cultivos” ilícitos. En opinión de Alvarez, esas alianzas se dan especialmente en los departamentos de Meta (centro), Chocó (noroeste), en el sur de Bolívar y Córdoba (norte), y en la costa del Mar Pacífico (oeste).
Las FARC, la principal guerrilla del país, ha sido el principal blanco de la política de Seguridad Democrática del gobierno del presidente Alvaro Uribe, que ha propinado duros golpes militares a los insurgentes. Las FARC han perdido en torno el 60 por ciento de su capacidad militar en la última década, debido a que sus guerrilleros habrían pasado de operar en 514 municipios distribuidos en 124 frentes a tener presencia en menos de 200 localidades con 80 estructuras armadas. Por otro lado, el número de acciones armadas han pasado de 2.462 en 2002 a 875 en 2009, lo que supone una reducción del 64 por ciento, señala un informe oficial. Además, en los últimos diez años se habrían desmovilizado unos 17.000 guerrilleros y otros 300 habrían sido asesinados a manos de sus propios compañeros por razones de disciplina interna.
El comandante del Ejército colombiano, el general Freddy Padilla, afirmó que en 2002 las FARC contaban con 26.000 integrantes, mientras que en la actualidad su número se reduce a 8.000. “Pero no sólo es el número; es que perdieron el mando y control y enfrentan un proceso de corrupción y desconfianza por el tema del narcotráfico”, precisó el general Padilla.
Tradicionalmente, al vincularse el narcotráfico y las FARC, y con el ánimo de no criminalizarlas, algunos insistían en que sólo cobraban impuestos al cultivo de coca a los narcos. A partir de 1998 se hizo evidente que habían ampliado sus objetivos y que querían controlar la cadena de producción y comercialización, según los documentos incautados a los guerrilleros.
La información capturada en un campamento de las FARC, en el Caguán, mostró como a partir de 2000 el alto mando de la organización guerrillera comenzó a ordenar a sus estructuras relacionarse directamente con redes de distribución en Estados Unidos y Europa, trasladar los laboratorios de producción de cocaína a las fronteras para facilitar la exportación, controlar las zonas más ricas de cultivos de coca, asesinar a los no colaboradores y atacar los aviones de fumigación.
Como resultado de la alianza con los narcotraficantes, las FARC se consolidaron, y gradualmente fueron controlando todas las fases del proceso, exceptuando la comercialización hacia el exterior, aún dominada por carteles especializados en el control de las rutas marítimas o aéreas.
Los dos principales bloques de las FARC -Oriental y Sur- están desplegados en las áreas de los Llanos Orientales y la Amazonia donde se localizan el 70% de los cultivos ilícitos de coca y la casi totalidad de los de amapola, y en igual proporción los cristalizaderos, rutas y pistas clandestinas.
Los ingresos anuales por narcotráfico de las FARC oscilaban entre 500 y 600 millones de dólares, lo que le permitió a la guerrilla dar un salto cuantitativo en su aparato armado, con el cual logró completar su despliegue estratégico, como fase previa al escalamiento del conflicto y preparación de su primera ofensiva años atrás.
Las FARC apuestan a un proyecto político a nacional y regional. La estratégica relación con el narcotráfico y el control territorial, explicaría las prioridades geopolíticas de las FARC, ya que allí donde tengan control territorial podrán asegurar el narcotráfico, y sus millonarias ganancias, señalan los varios reportes. “La guerrilla permite que los campesinos vendan la hoja de coca a los grupos de narcotraficantes y emergentes que se encuentran en las zonas urbanas, a la vez los grupos emergentes permiten que insurgentes adquieran comida y medicinas en estos cascos urbanos. Básicamente la alianza consiste en que las FARC custodian los cultivos, y las bandas emergentes, que son las que tienen las rutas del narcotráfico y los contactos internacionales, quienes realizan la comercialización”, explican algunos estudios de organizaciones no gubernamentales.
“Para nosotros está claro que las FARC actúan y negocian hoy como un cartel. Tienen el mismo modus operandi y asumieron hasta sus mismos comportamientos mafiosos”, señala la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. “Las amenazas y retos de hoy son transnacionales, y no convencionales, y se requieren respuestas en ese mismo sentido ya que el narcotraficante o el delincuente no reconoce fronteras. (...) por eso sabemos que las FARC son una amenaza para la región”, alertan los expertos.
La afirmación de que la guerrilla izquierdista, la más antigua del continente, se financia con el narcotráfico no es nueva. Lo nuevo es que, desde algunos sectores políticos de izquierda que antes la defendieron a ultranza, ahora llegan las críticas y aceptan las denuncias que el gobierno colombiano y otros países ya habían realizado. “Son una organización narcoterrorista. Sean un cartel o no, están financiados y apoyados por el narcotráfico”, sostienen expertos colombianos, al analizar la estrategia del grupo insurgente.
El jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz de Colombia con los paramilitares, el argentino Marcelo Alvarez, denunció alianzas entre la guerrilla de las FARC y bandas criminales de ex paramilitares para beneficiarse del narcotráfico. “Hemos observado alianzas en términos de economías ilícitas y no enfrentamientos entre las bandas emergentes (ex paramilitares) y las FARC”, dijo Alvarez.
El representante de la OEA explicó que se trata de alianzas “coyunturales en términos de narcotráfico y, de otro lado, pactos de no agresión y delimitación de zonas de control de cultivos” ilícitos. En opinión de Alvarez, esas alianzas se dan especialmente en los departamentos de Meta (centro), Chocó (noroeste), en el sur de Bolívar y Córdoba (norte), y en la costa del Mar Pacífico (oeste).
Las FARC, la principal guerrilla del país, ha sido el principal blanco de la política de Seguridad Democrática del gobierno del presidente Alvaro Uribe, que ha propinado duros golpes militares a los insurgentes. Las FARC han perdido en torno el 60 por ciento de su capacidad militar en la última década, debido a que sus guerrilleros habrían pasado de operar en 514 municipios distribuidos en 124 frentes a tener presencia en menos de 200 localidades con 80 estructuras armadas. Por otro lado, el número de acciones armadas han pasado de 2.462 en 2002 a 875 en 2009, lo que supone una reducción del 64 por ciento, señala un informe oficial. Además, en los últimos diez años se habrían desmovilizado unos 17.000 guerrilleros y otros 300 habrían sido asesinados a manos de sus propios compañeros por razones de disciplina interna.
El comandante del Ejército colombiano, el general Freddy Padilla, afirmó que en 2002 las FARC contaban con 26.000 integrantes, mientras que en la actualidad su número se reduce a 8.000. “Pero no sólo es el número; es que perdieron el mando y control y enfrentan un proceso de corrupción y desconfianza por el tema del narcotráfico”, precisó el general Padilla.
Tradicionalmente, al vincularse el narcotráfico y las FARC, y con el ánimo de no criminalizarlas, algunos insistían en que sólo cobraban impuestos al cultivo de coca a los narcos. A partir de 1998 se hizo evidente que habían ampliado sus objetivos y que querían controlar la cadena de producción y comercialización, según los documentos incautados a los guerrilleros.
La información capturada en un campamento de las FARC, en el Caguán, mostró como a partir de 2000 el alto mando de la organización guerrillera comenzó a ordenar a sus estructuras relacionarse directamente con redes de distribución en Estados Unidos y Europa, trasladar los laboratorios de producción de cocaína a las fronteras para facilitar la exportación, controlar las zonas más ricas de cultivos de coca, asesinar a los no colaboradores y atacar los aviones de fumigación.
Como resultado de la alianza con los narcotraficantes, las FARC se consolidaron, y gradualmente fueron controlando todas las fases del proceso, exceptuando la comercialización hacia el exterior, aún dominada por carteles especializados en el control de las rutas marítimas o aéreas.
Los dos principales bloques de las FARC -Oriental y Sur- están desplegados en las áreas de los Llanos Orientales y la Amazonia donde se localizan el 70% de los cultivos ilícitos de coca y la casi totalidad de los de amapola, y en igual proporción los cristalizaderos, rutas y pistas clandestinas.
Los ingresos anuales por narcotráfico de las FARC oscilaban entre 500 y 600 millones de dólares, lo que le permitió a la guerrilla dar un salto cuantitativo en su aparato armado, con el cual logró completar su despliegue estratégico, como fase previa al escalamiento del conflicto y preparación de su primera ofensiva años atrás.
Las FARC apuestan a un proyecto político a nacional y regional. La estratégica relación con el narcotráfico y el control territorial, explicaría las prioridades geopolíticas de las FARC, ya que allí donde tengan control territorial podrán asegurar el narcotráfico, y sus millonarias ganancias, señalan los varios reportes. “La guerrilla permite que los campesinos vendan la hoja de coca a los grupos de narcotraficantes y emergentes que se encuentran en las zonas urbanas, a la vez los grupos emergentes permiten que insurgentes adquieran comida y medicinas en estos cascos urbanos. Básicamente la alianza consiste en que las FARC custodian los cultivos, y las bandas emergentes, que son las que tienen las rutas del narcotráfico y los contactos internacionales, quienes realizan la comercialización”, explican algunos estudios de organizaciones no gubernamentales.
“Para nosotros está claro que las FARC actúan y negocian hoy como un cartel. Tienen el mismo modus operandi y asumieron hasta sus mismos comportamientos mafiosos”, señala la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. “Las amenazas y retos de hoy son transnacionales, y no convencionales, y se requieren respuestas en ese mismo sentido ya que el narcotraficante o el delincuente no reconoce fronteras. (...) por eso sabemos que las FARC son una amenaza para la región”, alertan los expertos.
domingo, 2 de mayo de 2010
Irán busca evadir sanciones de la ONU y se expande en Sudamérica
¿Qué justifica el desmedido despliegue y la expansión de Irán en América Latina, una región geográficamente tan alejada de su área de influencia? Una pregunta lógica, e inquietante para algunos gobiernos, que muchos expertos se hacen.
Desde hace ya algunos años es materia de discusión entre políticos, académicos y especialistas en defensa, seguridad e inteligencia la activa y creciente presencia de Irán en América Latina. Se debate acerca de su profundidad y alcance, sus razones, e impacto de esa expansión que ha sido definida como estratégica.
La interrogante no sólo viene de los países centrales que reclaman sanciones por la carrera nuclear iraní o de algunos gobiernos sudamericanos, también se lo preguntan opositores en Teherán, donde han surgido críticas al gobierno por derrochar dinero y tiempo, en países tan diferentes y alejados de la nación persa.
Las respuestas a estas inquietudes son varias. Irán busca el apoyo de América Latina para contrarrestar las presiones de EEUU y Europa que cuestionan el desarrollo de capacidades nucleares que podrían terminar en un arma atómica. Teherán quiere contrarrestar a EEUU en su propio hemisferio y, tal vez, desestabilizar a los gobiernos amigos de EEUU a fin de negociar con Washington desde una posición de mayor fortaleza, según sostienen diferentes análisis que circulan en las cancillerías de varios países. Por otra parte, la popularidad del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad está en tela de juicio, tras la represión a la oposición que denuncia el fraude electoral, y el mandatario quiere demostrar que en el exterior es recibido como un destacado líder mundial. Su aliado incondicional, el presidente Hugo Chávez, quien le abrió la puerta de entrada a la región, es el socio ideal para lograr esos objetivos junto a los gobiernos izquierdistas del ALBA, indican los informes
El régimen teocrático de los ayatolás que cruzó el Atlántico con la intención de quedarse e incidir en la realidad sudamericana, lleva adelante su ofensiva, con la ayuda de varios gobiernos para encontrar además nuevas fuentes de aprovisionamiento, ante el deterioro de su situación regional producto del bloqueo económico –que podría profundizarse- por su deteriorada relación con las grandes potencias. Su negativa de no dar marcha atrás con su cuestionado proyecto atómico y no obedecer las resoluciones de la ONU, ha recortado sus posibilidades de obtener algunos insumos.
Un foco central de las preocupaciones de políticos y académicos, es el comportamiento de Venezuela y su apoyo como base de operaciones para el despliegue iraní por la región. Se percibe una razonable inquietud sobre un posible suministro a Irán de uranio desde países sudamericanos, especialmente Bolivia y Venezuela, así como de ciertos implementos tecnológicos para la carrera armamentista del régimen de Teherán, afirman los informes.
El 11 de septiembre de 2009, en una entrevista en el diario francés Le Figaro, el presidente Chávez le agradeció a Irán por ayudar a Venezuela a desarrollar su propio programa nuclear. De hecho, ambos gobiernos formalizaron su colaboración “en el campo de la tecnología nuclear” en un acuerdo firmado en Caracas en noviembre de 2008. Aunque Chávez ha denunciado los reportes de extracción de uranio como “mentiras” y parte de un “plan imperialista” contra su gobierno socialista, la compañía canadiense de explotación de uranio U308 Corp ha documentado una fuente importante de uranio en la Cuenca del Roraima, cerca de la frontera entre Guyana y la provincia venezolana de Bolívar, en donde están situadas empresas venezolanas-iraníes.
Según estos informes, Venezuela ayuda a Irán a sortear las sanciones económicas votadas en varias ocasiones por el Consejo de Seguridad de la ONU, las cuales podrían reforzarse próximamente. Teniendo en cuenta que Teherán afirmó que no hay marcha atrás en su desarrollo nuclear, no son pocos los que afirman que los insumos llegarían a la nación persa desde Sudamérica, especialmente de países con gobiernos de izquierda enfrentados retóricamente con la administración estadounidense.
La administración del presidente Barack Obama observa la presencia iraní en la región como “una temática preocupante, al igual que la estrecha relación entre Venezuela e Irán”. El secretario de Estado adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela, expresó que “el gobierno estadounidense, desde Obama hacia abajo, comparten la preocupación y están trabajando en todos los frentes para contrarrestarla”.
Según el secretario de Defensa, Robert Gates, hay suficiente motivo para desvelar a cualquiera. El Pentágono envió hace pocos días un informe al Congreso. Las fuerzas de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán, los Quds, están aumentando su presencia en América Latina, “particularmente en Venezuela”, alerta.
El documento en poder de los senadores, indica que las fuerzas Quds -que se encargan de realizar las operaciones en el extranjero para el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán- se han establecido en el este, medio y norte de Africa y durante los últimos años se ha evidenciado el incremento de su presencia en Latinoamérica, particularmente en Venezuela. Oficiales de inteligencia occidentales afirman que estos miembros de la élite iraní están desarrollando redes de terroristas en la región, que podrían, eventualmente, atacar intereses estadounidenses o israelíes en el caso que se suscitara un conflicto por el programa nuclear iraní. El gobierno venezolano lo niega, pero afirma que continuará apoyando a su aliado iraní en su desarrollo nuclear, y en la confrontación que lleva adelante contra Washington.
El informe consigna que muchos de los grupos que sostiene el país persa, no comparten su ideología, y en algunos casos son abiertamente opuestos a los principios de la revolución iraní, pero Irán los respalda porque comparten intereses o enemigos comunes, y el mismo discurso antiestadounidense. Numeroso personal en la representaciones diplomáticas iraníes en la región, vuelos semanales entre Sudamérica y Teherán, y transacciones económicas, están en la mira de las agencias de inteligencia.
Los reportes vinculan a los Guardianes de la Revolución y la Fuerza Quds, con algunos de los peores ataques terroristas de los últimos 30 años: el bombardeo de la Embajada de EEUU en Beirut en 1983, el atentado de la AMIA, el centro judío en Argentina en 1994, el bombardeo de las Torres Khobar, 1996 en Arabia Saudita y muchos ataques de los insurgentes en Irak desde 2003.
Desde hace ya algunos años es materia de discusión entre políticos, académicos y especialistas en defensa, seguridad e inteligencia la activa y creciente presencia de Irán en América Latina. Se debate acerca de su profundidad y alcance, sus razones, e impacto de esa expansión que ha sido definida como estratégica.
La interrogante no sólo viene de los países centrales que reclaman sanciones por la carrera nuclear iraní o de algunos gobiernos sudamericanos, también se lo preguntan opositores en Teherán, donde han surgido críticas al gobierno por derrochar dinero y tiempo, en países tan diferentes y alejados de la nación persa.
Las respuestas a estas inquietudes son varias. Irán busca el apoyo de América Latina para contrarrestar las presiones de EEUU y Europa que cuestionan el desarrollo de capacidades nucleares que podrían terminar en un arma atómica. Teherán quiere contrarrestar a EEUU en su propio hemisferio y, tal vez, desestabilizar a los gobiernos amigos de EEUU a fin de negociar con Washington desde una posición de mayor fortaleza, según sostienen diferentes análisis que circulan en las cancillerías de varios países. Por otra parte, la popularidad del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad está en tela de juicio, tras la represión a la oposición que denuncia el fraude electoral, y el mandatario quiere demostrar que en el exterior es recibido como un destacado líder mundial. Su aliado incondicional, el presidente Hugo Chávez, quien le abrió la puerta de entrada a la región, es el socio ideal para lograr esos objetivos junto a los gobiernos izquierdistas del ALBA, indican los informes
El régimen teocrático de los ayatolás que cruzó el Atlántico con la intención de quedarse e incidir en la realidad sudamericana, lleva adelante su ofensiva, con la ayuda de varios gobiernos para encontrar además nuevas fuentes de aprovisionamiento, ante el deterioro de su situación regional producto del bloqueo económico –que podría profundizarse- por su deteriorada relación con las grandes potencias. Su negativa de no dar marcha atrás con su cuestionado proyecto atómico y no obedecer las resoluciones de la ONU, ha recortado sus posibilidades de obtener algunos insumos.
Un foco central de las preocupaciones de políticos y académicos, es el comportamiento de Venezuela y su apoyo como base de operaciones para el despliegue iraní por la región. Se percibe una razonable inquietud sobre un posible suministro a Irán de uranio desde países sudamericanos, especialmente Bolivia y Venezuela, así como de ciertos implementos tecnológicos para la carrera armamentista del régimen de Teherán, afirman los informes.
El 11 de septiembre de 2009, en una entrevista en el diario francés Le Figaro, el presidente Chávez le agradeció a Irán por ayudar a Venezuela a desarrollar su propio programa nuclear. De hecho, ambos gobiernos formalizaron su colaboración “en el campo de la tecnología nuclear” en un acuerdo firmado en Caracas en noviembre de 2008. Aunque Chávez ha denunciado los reportes de extracción de uranio como “mentiras” y parte de un “plan imperialista” contra su gobierno socialista, la compañía canadiense de explotación de uranio U308 Corp ha documentado una fuente importante de uranio en la Cuenca del Roraima, cerca de la frontera entre Guyana y la provincia venezolana de Bolívar, en donde están situadas empresas venezolanas-iraníes.
Según estos informes, Venezuela ayuda a Irán a sortear las sanciones económicas votadas en varias ocasiones por el Consejo de Seguridad de la ONU, las cuales podrían reforzarse próximamente. Teniendo en cuenta que Teherán afirmó que no hay marcha atrás en su desarrollo nuclear, no son pocos los que afirman que los insumos llegarían a la nación persa desde Sudamérica, especialmente de países con gobiernos de izquierda enfrentados retóricamente con la administración estadounidense.
La administración del presidente Barack Obama observa la presencia iraní en la región como “una temática preocupante, al igual que la estrecha relación entre Venezuela e Irán”. El secretario de Estado adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela, expresó que “el gobierno estadounidense, desde Obama hacia abajo, comparten la preocupación y están trabajando en todos los frentes para contrarrestarla”.
Según el secretario de Defensa, Robert Gates, hay suficiente motivo para desvelar a cualquiera. El Pentágono envió hace pocos días un informe al Congreso. Las fuerzas de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán, los Quds, están aumentando su presencia en América Latina, “particularmente en Venezuela”, alerta.
El documento en poder de los senadores, indica que las fuerzas Quds -que se encargan de realizar las operaciones en el extranjero para el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán- se han establecido en el este, medio y norte de Africa y durante los últimos años se ha evidenciado el incremento de su presencia en Latinoamérica, particularmente en Venezuela. Oficiales de inteligencia occidentales afirman que estos miembros de la élite iraní están desarrollando redes de terroristas en la región, que podrían, eventualmente, atacar intereses estadounidenses o israelíes en el caso que se suscitara un conflicto por el programa nuclear iraní. El gobierno venezolano lo niega, pero afirma que continuará apoyando a su aliado iraní en su desarrollo nuclear, y en la confrontación que lleva adelante contra Washington.
El informe consigna que muchos de los grupos que sostiene el país persa, no comparten su ideología, y en algunos casos son abiertamente opuestos a los principios de la revolución iraní, pero Irán los respalda porque comparten intereses o enemigos comunes, y el mismo discurso antiestadounidense. Numeroso personal en la representaciones diplomáticas iraníes en la región, vuelos semanales entre Sudamérica y Teherán, y transacciones económicas, están en la mira de las agencias de inteligencia.
Los reportes vinculan a los Guardianes de la Revolución y la Fuerza Quds, con algunos de los peores ataques terroristas de los últimos 30 años: el bombardeo de la Embajada de EEUU en Beirut en 1983, el atentado de la AMIA, el centro judío en Argentina en 1994, el bombardeo de las Torres Khobar, 1996 en Arabia Saudita y muchos ataques de los insurgentes en Irak desde 2003.
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