El presidente Alvaro Uribe ha logrado en ocho años de gobierno expulsar a la guerrilla de las principales ciudades colombianas, una política de "Seguridad Democrática" que aprueba la mayoría de la ciudadanía, según indican las encuestas. El presidente deja el gobierno con una popularidad del 70%. Durante ocho años Uribe tuvo una de las mayores gobernabilidades de la historia colombiana y pudo dar respuesta a uno de los reclamos históricos de ese país: la seguridad.
El gran logro del gobierno de Uribe fue retomar el control territorial, planteado como eje de gravedad de la política. Si bien persiste la confrontación en diversas zonas del país, no es menos cierto que los grupos armados ilegales fueron obligados a replegarse a las zonas fronterizas y selváticas. El presidente Uribe llevó adelante durante su gestión un firme combate a los grupos guerrilleros y a los carteles de la droga, algo que la sociedad reclamaba desde la década del 80.
La narcoguerra se desató en Colombia con el asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara en 1984 y sumió al país en el caos. Los colombianos padecieron inimaginables hechos de horror y violencia. En 1985 los guerrilleros del izquierdista M-19 ocuparon el Palacio de Justicia y asesinaron a 53 personas, entre ellos, 24 magistrados, dando un golpe al Poder Judicial. En tres años fueron asesinados cuatro candidatos a la presidencia de la República. En 1989, la ofensiva narcoterrorista fue más allá. Entre agosto y diciembre de ese año explotaron 88 bombas en calles, bancos, sedes diplomáticas, oficinas públicas, hoteles, residencias, medios de prensa y centros comerciales de las principales ciudades del país. La escalada de violencia no tenía límite y el 27 de noviembre de aquél año nefasto, el cártel de Medellín causó la explosión en el aire de un avión comercial de la compañía Avianca.
A principios de la década del 90 la guerrilla controlaba el 35% del territorio del país, mientras que los grupos paramilitares superaban los 140. Unos 49 alcaldes y concejales fueron asesinados y más de 180 secuestrados, sólo en 1996. El número de desplazados por los conflictos llegó a superar el millón de personas.
En 2002 llegó a la presidencia de la República Alvaro Uribe, decidido a cambiar la trágica historia de su país. Movido por el recuerdo de su padre, asesinado por las guerrillas de las izquierdistas FARC, emprendió una lucha sin cuartel frente a los grupos beligerantes, bajo el concepto de la “Seguridad Democrática”.
En los dos periodos sucesivos de gobierno de Uribe, las fuerzas de seguridad pasaron de 220.000 a 425.000 hombres y el presupuesto de gastos militares aumentó desde 3% del PBI a 4,1%, según cifras oficiales.
Mientras, las izquierdistas FARC vieron mermar sus combatientes, que pasaron de unas 17.000 personas en 2002 a entre 7.500 y 10.000 actualmente, según estimaciones de expertos.
Los más duros golpes a las FARC le fueron propinados cuando Juan Manuel Santos, el favorito candidato presidencial del oficialismo, era ministro de la Defensa.
En marzo de 2008, en un bombardeo de un campamento en Ecuador, fue dado de baja el número dos de la guerrilla, Raúl Reyes. Pocos después, el 2 de julio de 2008, en la Operación Jaque, el Ejército rescató a 15 de los más valiosos rehenes de las FARC, entre ellos tres estadounidenses y la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002, poco antes de que Uribe ganara los comicios.
El combate al narcoterrorismo fue una de las prioridades del presidente Uribe, pero la economía no estuvo ausente de sus preocupaciones.
El PIB per cápita ha crecido a 4.3 en promedio en los últimos 8 años. Es el país de América Latina que ha crecido más en inversión total como porcentaje del PIB. La inversión extranjera se quintuplicó. La inflación se redujo. El turismo se duplicó. La deserción escolar y la pobreza se han reducido y se han fortalecido los programas sociales contra la exclusión social. El clima para hacer negocios mejoró sensiblemente pasando del puesto 83 al 37 en 2010. Se han disminuido también los cultivos ilícitos y la producción de cocaína. Y la violencia, el principal reto, también ha venido a la baja. Las narcoguerrillas han sufrido serios golpes y cada vez se encuentran menos articuladas. Los secuestros han bajado considerablemente, cuando antes era necesario salir de la ciudad en caravanas para no ser plagiado. Los homicidios comunes también han disminuido pasando de más de 28.000 en 2002 a 3.500 en 2009. Los actos de terrorismo como explosión de oleoductos y puentes o ataques a la población, también se han reducido espectacularmente: de 1.645 a 156 en lo que va del año, señala el analista mexicano Alejandro Landero.
Por todo lo que ha hecho Uribe, buscando la seguridad y la paz, no es difícil entender el favoritismo por el candidato presidencial oficialista Juan Manuel Santos para el balotaje del próximo 20 de junio. Santos, su casi seguro sucesor según los sondeos, arrasó en las 31 de las 32 provincias del país en la primera vuelta. En las provincias de mayor presencia guerrillera su triunfo fue arrollador. En Caquetá, bastión de las izquierdistas FARC, Santos obtuvo el 59,01%, frente al 17,45% de Mockus. La última encuesta, elaborada por la firma Datexco, por encargo del diario El Tiempo y la radio La W, reveló que Santos tiene el 65% de la intención de voto frente al 28% de Mockus. En el sondeo de opinión, Santos tiene un imagen favorable del 75% y desfavorable del 24%, mientras que la de Mockus es de 43% a su favor y 56,5% desfavorable.
En Colombia quedan problemas sin resolver, el narocoterrorismo no ha sido derrotado, y hay críticas para realizar. Sin embargo los colombianos, en democracia, siguen premiando con el voto la gestión y la política del saliente presidente Uribe. El favoritismo por el candidato presidencial oficialista Juan Manuel Santos lo explica.
