La guerra que llevan adelante los cárteles de la droga contra el gobierno y la sociedad mexicana, y en definitiva contra la democracia, ha escalado peligrosamente. Desde el pasado 15 de julio en México hubo un cambio cualitativo. Ese día, cuando caía la noche, con la explosión de un coche-bomba en Ciudad Juárez, se ingresó en la fase del narcoterrorismo en el marco de la ola de violencia que azota al país desde 2007, con un balance oficial de casi 25.000 muertos.
El coche-bomba, cargado con 10 kilos de explosivo plástico y detonado con un teléfono celular, explotó en una zona céntrica de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, la urbe más violenta de México, y causó al menos cinco muertes y destrucción en varios inmuebles.
El episodio ocurrió en de una de las peores jornadas de violencia que haya conocido el país en su frontera norte: en menos de 24 horas se registraron 16 muertes en Ciudad Juárez y en Nuevo Laredo.
Las autoridades creen que el auto-bomba fue en represalia por el arresto, horas antes, de Jesús Acosta, de 35 años, dirigente de la banda “La Línea”, brazo armado del Cártel de Juárez.
El Procurador General, Arturo Chávez, desestimó que los ataques de narcotraficantes “constituyan actos de terrorismo”, pero especialistas estiman que el país “entró en una escalada de acciones que pretenden atemorizar a civiles y vulnerar instituciones”. Samuel González, ex jefe de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, señaló que el atentado en Juárez fue “inequívocamente narcoterrorismo”.
Para Pedro Isnardo de la Cruz, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “estamos justo en la antesala de una nueva forma de violencia, más cruenta y perniciosa, de los grupos delictivos que absorben la experiencia de la narcoguerrilla colombiana y las mafias italianas”. Según algunos analistas, como Néstor Ojeda, del diario Milenio, los cárteles de la droga avanzan directamente hacia el narcoterrorismo: “por más que las autoridades pretendan bajarle el tono al atentado con coche bomba contra las fuerzas federales en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo cierto es que todos y cada uno de los indicios alrededor del hecho confirman que se trató de un ataque terrorista organizado por las bandas del narcotráfico”.
Otro analista, Ricardo Alemán, del diario El Universal asegura que “a buena parte del Gabinete de Seguridad no le da para entender y menos explicar que el tamaño de la violencia del crimen organizado y el narcotráfico, ya superó todo antecedente —incluida la colombianización—, y que la nueva guerra que enfrenta el Estado; sus instituciones, políticos, periodistas y sociedad, debe ser entendida desde una nueva e inédita óptica, lenguaje y cultura”.
Con la escalada de violencia “el crimen organizado busca ampliar su dominio del campo geográfico al político, debido a que ya cuenta con el poder económico que le permite hacerlo”, observó René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sostuvo que el control del narcotráfico se extiende ante los vacíos de poder y la falta de una acción contundente para atacar de forma integral los delitos.
El narcoterrorismo en México se caracteriza no solo por acciones violentas que tienen el propósito de infundir el miedo en sus adversarios en las luchas por el control del negocio y en la sociedad mexicana. Los narcotraficantes están asesinando a personas inocentes de forma accidental e intencional. Lanzaron granadas a una plaza repleta de gente en Michoacán, han acribillado a familias enteras y a decenas de jóvenes estudiantes en fiestas. Por eso la violencia del narcoterrorismo en México ha sido más rápida en su expansión, más sangrienta en número de asesinados, más pavorosa en los recuentos de los descuartizadores de cadáveres, más amplia en número de poblaciones amedrentadas y más difícil de contener o combatir.
Las decapitaciones, la aparición de cadáveres descuartizados, los secuestros, los colgados en plazas públicas y la aparición reciente de los coches bomba, no se pueden soslayar en el análisis. Lo cierto es que la ciudadanía ya es víctima y objetivo de los narcos desde hace tiempo. Los hechos son incuestionables.
Minimizar sus actos sólo empeorará la situación y retrasará su combate, con necesarias nuevas tácticas y estrategias adecuadas al nuevo enemigo.
Para empezar el terrorismo de los narcos cuenta con recursos humanos, económicos y militares muy considerables. El gobierno tendría que asumir su gravedad y reaccionar con medidas que cohesionen a la sociedad y nuevas formas de combate en esta guerra asimétrica. De otra forma será imposible vencer a un enemigo aún oculto entre sus víctimas.
El terrorismo llegó a México, eso no debiera estar en discusión, negarlo es suicida. Lo que dificulta su percepción es que se trata de un terrorismo particular: se trata del terrorismo de los narcos y eso le da su especificidad, su particularidad dentro de la amplia gama de modos de sembrar el miedo extremo, como parte del terrorismo global que es el que atormenta al mundo en estos momentos de guerras asimétricas de cuarta generación.
En la era del terror, todos los terroristas utilizan la violencia extrema para sembrar el miedo en una sociedad determinada y entre los miembros de sus instituciones políticas, judiciales, militares y policiales. La diferencia son las motivaciones y los objetivos que se persiguen al hacerlo. Los terroristas islámicos quisieran crear el califato universal; los terroristas de izquierda quisieran cambiar la sociedad injusta en una sociedad más igualitaria; los terroristas nacionalistas quisieran conquistar un territorio para la implantación de un estado-nación; y los narcoterroristas quieren el poder en su doble vertiente: económico y político, para garantizar la fluidez de sus negocios ilícitos y con tal de conseguirlo están dispuestos a utilizar el terror contra todos. Ignorarlo es un error.
sábado, 24 de julio de 2010
martes, 20 de julio de 2010
¿Justicia independiente?
El gobierno colombiano envió una nota diplomática al de Ecuador para reiterar que el ataque militar contra las FARC en ese país fue una “acción de Estado” y “no caben responsabilidades individuales”. Bogotá, reiteró su preocupación porque se insista en vincular a funcionarios y ex funcionarios del gobierno del presidente Alvaro Uribe a un caso judicial por la muerte de 26 insurgentes en el bombardeo a un campamento de FARC. En la operación Fenix, ocurrido el 1º marzo de 2008 en el lado ecuatoriano de la frontera, murieron el número dos de las FARC Raúl Reyes y otros guerrilleros.
La fiscalía ecuatoriana anunció la reapertura de una instrucción por presunto asesinato contra el jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, general Freddy Padilla, en un hecho que fue calificado de “inexplicable” por el presidente Alvaro Uribe, que reiteró su rechazo a las pretensiones ecuatorianas al querer tratar a funcionarios y ex funcionarios de su gobierno como delincuentes. “¿Quién es el delincuente, el general Padilla o Raúl Reyes?” se preguntó Uribe.
El juicio que se sigue en Ecuador por el bombardeo involucra también al presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, quien como ministro de Defensa ordenó esa operación. La justicia ecuatoriana ha emitido una orden de prisión preventiva contra el presidente electo. También habían sido vinculados el director de la Policía de Colombia, Oscar Naranjo, y el ex comandante del Ejército Mario Montoya. “Es inexplicable que la hermana República de Ecuador, a través de su administración de justicia, insista en vincular a nuestros ministros y altos mandos como delincuentes, cuando ellos lo que han hecho es realizar una tarea heroica contra el terrorismo”, afirmó el presidente Uribe.
Juristas cuestionan la independencia de la justicia ecuatoriana por inclinar la balanza en el caso y tomar partido por el gobierno del presidente Correa, salpicado por vinculaciones con la guerrilla de las FARC que se conocieron a través los mensajes de la computadora del abatido Reyes.
Mientras el juez Daniel Méndez y el fiscal Carlos Jiménez de la provincia amazónica de Sucumbíos acusaban al electo presidente colombiano Juan Manuel Santos, le daban la libertad a José Ignacio Chauvín, ex asesor del gobierno de Rafael Correa a quien se investigaba por nexos con las FARC y con narcotraficantes de Sucumbíos. El ex funcionario del gobierno ecuatoriano se reunió al menos siete veces con Raúl Reyes.
Sin embargo no fue esa la primera vez que el juez toma decisiones que favorecen a personas vinculadas a las FARC, afirma la prensa ecuatoriana y colombiana. En el libro El juego del Camaleón, del periodista ecuatoriano Arturo Torres, se presentan las pruebas de cómo este mismo juez en el año 2004 anuló el proceso contra Nubia Calderón, militante activa de las FARC y contacto directo de Raúl Reyes con políticos y empresarios de Quito.
E¬n El juego del Camaleón, del periodista del diario El Comercio de Quito, hay una detallada crónica sobre la captura de la guerrillera Nubia Calderón, a quien se le abrió un proceso judicial por portar documentos de identidad falsos y no ser capaz de explicar la procedencia de 17 millones de pesos y 7.000 dólares que estaban en su poder. La detención se había producido en noviembre de 2003 y a pesar de que había un proceso sólido en su contra, el juez penal de Sucumbíos, Daniel Méndez, el mismo que ordenó la detención de Juan Manuel Santos, decidió cerrar el caso el 24 de septiembre de 2004.
Pero en el computador de Raúl Reyes tiene más información sobre los incriminados. Durante un año, tanto Nubia Calderón -bajo el seudónimo de Esperanza- como los jefes guerrilleros Rodrigo Granda y Reyes intercambian información sobre ayuda que abogados y jueces les están haciendo en el caso. A finales de 2003 Esperanza le escribió a Reyes: “...recuperar la plata no es muy complicado y sobre la cédula ilegal dicen que tendrán que dar dinero. Les dije que sí, que lo importante es que el problema quede saneado. Fernando viaja el día miércoles para hablar con el abogado y el juez...”. Según las autoridades, se trata de Fernando Gándara y Luis Muñoz, reconocidos abogados ecuatorianos.
En enero de 2004 Raúl Reyes le escribe a Granda: “Parece que el fiscal de Lago Agrio es amigo de Gándara, de ser así, es más fácil porque este personaje ayuda en estos lados”.
Posteriormente, en agosto de 2004, Esperanza le escribe a Reyes: “La abogada informa que el caso se soluciona borrando todo y la devolución de la plata. El costo es de 6.200 dólares para cancelar los tres ministros de la Corte en lo penal. Según ella, son dos casos separados: uno el de la cédula y el otro el de la entrega del dinero. Que ella ya dio su palabra sobre el pago... con los judiciales hablé para ver la posibilidad de que ayuden en este caso. Se comprometieron. Sólo me pidieron que deberíamos esperar que se sortee el caso, saber a qué corte corresponde y qué juez es el que tiene el caso”.
Un mes después, el juez Méndez ordenó el sobreseimiento del proceso y la devolución del dinero. Nubia Calderón era la mano derecha de Raúl Reyes en Ecuador. Era la compañera afectiva de Franklin Aisalla, muerto en el bombardeo. Se presume que ella estaba en el mismo campamento el día del ataque, pero logró escapar con vida. A través de los mensaje se comprobaron los indicios de que hubo un “arreglo” de las FARC con la justicia para lograr la liberad de Calderón.
El presidente Rafael Correa dijo hace pocos días durante una visita a su colega Hugo Chávez que la Justicia en Ecuador es independiente del gobierno, y que Santos será detenido si entra a su país. “No es cierto que la justicia y la fiscalía sean independientes en Ecuador (...). Están persiguiendo a Santos y al general Padilla por orden del gobierno”, dijo Fabricio Correa, hermano del mandatario ecuatoriano, que coincide con analistas ecuatorianos y colombianos que temen que jueces y fiscales sean funcionales al presidente Correa en el litigio tiene con Colombia.
La fiscalía ecuatoriana anunció la reapertura de una instrucción por presunto asesinato contra el jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, general Freddy Padilla, en un hecho que fue calificado de “inexplicable” por el presidente Alvaro Uribe, que reiteró su rechazo a las pretensiones ecuatorianas al querer tratar a funcionarios y ex funcionarios de su gobierno como delincuentes. “¿Quién es el delincuente, el general Padilla o Raúl Reyes?” se preguntó Uribe.
El juicio que se sigue en Ecuador por el bombardeo involucra también al presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, quien como ministro de Defensa ordenó esa operación. La justicia ecuatoriana ha emitido una orden de prisión preventiva contra el presidente electo. También habían sido vinculados el director de la Policía de Colombia, Oscar Naranjo, y el ex comandante del Ejército Mario Montoya. “Es inexplicable que la hermana República de Ecuador, a través de su administración de justicia, insista en vincular a nuestros ministros y altos mandos como delincuentes, cuando ellos lo que han hecho es realizar una tarea heroica contra el terrorismo”, afirmó el presidente Uribe.
Juristas cuestionan la independencia de la justicia ecuatoriana por inclinar la balanza en el caso y tomar partido por el gobierno del presidente Correa, salpicado por vinculaciones con la guerrilla de las FARC que se conocieron a través los mensajes de la computadora del abatido Reyes.
Mientras el juez Daniel Méndez y el fiscal Carlos Jiménez de la provincia amazónica de Sucumbíos acusaban al electo presidente colombiano Juan Manuel Santos, le daban la libertad a José Ignacio Chauvín, ex asesor del gobierno de Rafael Correa a quien se investigaba por nexos con las FARC y con narcotraficantes de Sucumbíos. El ex funcionario del gobierno ecuatoriano se reunió al menos siete veces con Raúl Reyes.
Sin embargo no fue esa la primera vez que el juez toma decisiones que favorecen a personas vinculadas a las FARC, afirma la prensa ecuatoriana y colombiana. En el libro El juego del Camaleón, del periodista ecuatoriano Arturo Torres, se presentan las pruebas de cómo este mismo juez en el año 2004 anuló el proceso contra Nubia Calderón, militante activa de las FARC y contacto directo de Raúl Reyes con políticos y empresarios de Quito.
E¬n El juego del Camaleón, del periodista del diario El Comercio de Quito, hay una detallada crónica sobre la captura de la guerrillera Nubia Calderón, a quien se le abrió un proceso judicial por portar documentos de identidad falsos y no ser capaz de explicar la procedencia de 17 millones de pesos y 7.000 dólares que estaban en su poder. La detención se había producido en noviembre de 2003 y a pesar de que había un proceso sólido en su contra, el juez penal de Sucumbíos, Daniel Méndez, el mismo que ordenó la detención de Juan Manuel Santos, decidió cerrar el caso el 24 de septiembre de 2004.
Pero en el computador de Raúl Reyes tiene más información sobre los incriminados. Durante un año, tanto Nubia Calderón -bajo el seudónimo de Esperanza- como los jefes guerrilleros Rodrigo Granda y Reyes intercambian información sobre ayuda que abogados y jueces les están haciendo en el caso. A finales de 2003 Esperanza le escribió a Reyes: “...recuperar la plata no es muy complicado y sobre la cédula ilegal dicen que tendrán que dar dinero. Les dije que sí, que lo importante es que el problema quede saneado. Fernando viaja el día miércoles para hablar con el abogado y el juez...”. Según las autoridades, se trata de Fernando Gándara y Luis Muñoz, reconocidos abogados ecuatorianos.
En enero de 2004 Raúl Reyes le escribe a Granda: “Parece que el fiscal de Lago Agrio es amigo de Gándara, de ser así, es más fácil porque este personaje ayuda en estos lados”.
Posteriormente, en agosto de 2004, Esperanza le escribe a Reyes: “La abogada informa que el caso se soluciona borrando todo y la devolución de la plata. El costo es de 6.200 dólares para cancelar los tres ministros de la Corte en lo penal. Según ella, son dos casos separados: uno el de la cédula y el otro el de la entrega del dinero. Que ella ya dio su palabra sobre el pago... con los judiciales hablé para ver la posibilidad de que ayuden en este caso. Se comprometieron. Sólo me pidieron que deberíamos esperar que se sortee el caso, saber a qué corte corresponde y qué juez es el que tiene el caso”.
Un mes después, el juez Méndez ordenó el sobreseimiento del proceso y la devolución del dinero. Nubia Calderón era la mano derecha de Raúl Reyes en Ecuador. Era la compañera afectiva de Franklin Aisalla, muerto en el bombardeo. Se presume que ella estaba en el mismo campamento el día del ataque, pero logró escapar con vida. A través de los mensaje se comprobaron los indicios de que hubo un “arreglo” de las FARC con la justicia para lograr la liberad de Calderón.
El presidente Rafael Correa dijo hace pocos días durante una visita a su colega Hugo Chávez que la Justicia en Ecuador es independiente del gobierno, y que Santos será detenido si entra a su país. “No es cierto que la justicia y la fiscalía sean independientes en Ecuador (...). Están persiguiendo a Santos y al general Padilla por orden del gobierno”, dijo Fabricio Correa, hermano del mandatario ecuatoriano, que coincide con analistas ecuatorianos y colombianos que temen que jueces y fiscales sean funcionales al presidente Correa en el litigio tiene con Colombia.
viernes, 9 de julio de 2010
A las FARC se les agotó su tiempo
El presidente electo colombiano, Juan Manuel Santos, deberá afrontar desafíos importantes para hacer frente a las nuevas tácticas que las FARC han pergeñado, en sus desafiantes alianzas con los cárteles del narcotráfico.
Un reciente estudio, del centro de estudios International Crisis Group (ICG) con sede en Bruselas, señala que las mejoras en seguridad durante los pasados ocho años de gobierno del presidente Alvaro Uribe han sido importantes en la lucha contra las FARC, pero afirma que los insurgentes aún no han sido derrotados.
Según los expertos europeos, la política de seguridad democrática del presidente Uribe fue una de las claves para el retroceso de la guerrilla y los grupos paramilitares. La guerrilla perdió a miles de sus hombres en combates, capturas o deserciones, pero aún tiene entre 8.000 y 10.000 combatientes, señala el ICG. Un total de 191 guerrilleros de las FARC y el ELN se desmovilizaron en junio pasado. Según un informe del gobierno colombiano, 168 de los desmovilizados pertenecen a las FARC, mientras que otros 23 pertenecen al ELN, la segunda guerrilla en Colombia. El año pasado las organizaciones insurgentes perdieron por deserción un total de 2.638 combatientes y desde el 7 de agosto de 2002 a la fecha han dejado las armas un total de 21.820 integrantes de grupos armados al margen de la ley, a un promedio anual de 2.182
Esta ofensiva del gobierno y de las instituciones democráticas sobre las FARC motivó que la guerrilla cambiara sus tácticas. El uso sistemático de minas antipersonales y francotiradores, además de la extensión de sus actividades en el negocio del narcotráfico con incursiones en otros países vecinos, como Brasil, Venezuela, Ecuador y Panamá, son los algunos de los nuevos desafíos que deberá enfrentar el gobierno colombiano, aseguran expertos europeos. Otro elemento novedoso que se introduce en el largo conflicto son las alianzas de las FARC con grupos paramilitares como los Rastrojos y los Paisas, centradas en los negocios del narcotráfico, sumando otra dimensión a la contienda interna.
“A las FARC se les agotó su tiempo”, advirtió el presidente electo Santos, y anunció que a partir del 7 de agosto, cuando tome posesión del cargo, será más contundente en la lucha contra las guerrillas y los narcotraficantes. “Que oigan los terroristas y que oiga el mundo, a las FARC se les agotó su tiempo. Colombia está saliendo de su pesadilla del secuestro y la violencia; mientras insistan en sus métodos terroristas, mientras insistan en atacar al pueblo colombiano no habrá dialogo y las seguiremos enfrentando con toda la dureza, con toda la firmeza”, afirmó el sucesor de Uribe. Aún así, anunció que en su gobierno “seguirán abiertas las puertas de reinserción para aquellos guerrilleros que abandonen las filas del terrorismo y quieran regresar a la sociedad”. Pero recalcó: “A las FARC y a los violentos se les agotó su tiempo, y los colombianos saben bien que yo sé como combatirlos”.
Como ministro de Defensa, Santos ideó y ejecutó algunas de las operaciones clave que llevaron a las FARC a debilitarse y a retroceder. En marzo de 2008, Santos fue el artífice de la Operación Fénix, en la que murió el número dos de las FARC, Raúl Reyes como consecuencia de un bombardeo del Ejército de Colombia a un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano. Aquella acción, marcó el inicio del fin de la entonces cúpula de las FARC. Meses después, en julio de ese año, se llevó a cabo la Operación Jaque, en la que el Ejército liberó a 15 secuestrados, entre ellos a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres estadounidenses. Este año, fue la Operación Camaleón, que permitió el rescate militar de cuatro uniformados con más de 12 años de cautiverio. Hace pocas horas el presidente Uribe aseguró que las fuerzas militares se encuentran pisándole los talones a Alfonso Cano, jefe máximo de las FARC.
Las FARC han sido definidas como una organización terrorista y narcotraficante, que está “diezmada de manera significativa”, pero que “perdura y sigue siendo peligrosa”. Los insurgentes siguen siendo “un factor de desestabilización para la región y un reto para el gobierno colombiano”, afirman expertos.
La guerrilla han sido debilitada pero no derrotada, y como sucede con otros grupos insurgentes aún se harán escuchar con publicitarios ataques terroristas, para no desaparecer de la escena. Pese a no ser una amenaza a la estabilidad del Estado, ni a la democracia; ni contar con el respaldo ciudadano, son un problema para los colombianos y por extensión para la región porque hoy recurren al narcotráfico como fuente de financiación, desatando nuevos desafíos para enfrentar, explican expertos europeos.
Eligiendo como presidente a Santos, los colombianos votaron por la continuidad de la política de firmeza hacia la guerrilla. La victoria en las urnas de Santos es un respaldo a las estrategias de seguridad democrática que llevó adelante Uribe, y una clara derrota para las debilitadas FARC y sus aliados.
Un reciente estudio, del centro de estudios International Crisis Group (ICG) con sede en Bruselas, señala que las mejoras en seguridad durante los pasados ocho años de gobierno del presidente Alvaro Uribe han sido importantes en la lucha contra las FARC, pero afirma que los insurgentes aún no han sido derrotados.
Según los expertos europeos, la política de seguridad democrática del presidente Uribe fue una de las claves para el retroceso de la guerrilla y los grupos paramilitares. La guerrilla perdió a miles de sus hombres en combates, capturas o deserciones, pero aún tiene entre 8.000 y 10.000 combatientes, señala el ICG. Un total de 191 guerrilleros de las FARC y el ELN se desmovilizaron en junio pasado. Según un informe del gobierno colombiano, 168 de los desmovilizados pertenecen a las FARC, mientras que otros 23 pertenecen al ELN, la segunda guerrilla en Colombia. El año pasado las organizaciones insurgentes perdieron por deserción un total de 2.638 combatientes y desde el 7 de agosto de 2002 a la fecha han dejado las armas un total de 21.820 integrantes de grupos armados al margen de la ley, a un promedio anual de 2.182
Esta ofensiva del gobierno y de las instituciones democráticas sobre las FARC motivó que la guerrilla cambiara sus tácticas. El uso sistemático de minas antipersonales y francotiradores, además de la extensión de sus actividades en el negocio del narcotráfico con incursiones en otros países vecinos, como Brasil, Venezuela, Ecuador y Panamá, son los algunos de los nuevos desafíos que deberá enfrentar el gobierno colombiano, aseguran expertos europeos. Otro elemento novedoso que se introduce en el largo conflicto son las alianzas de las FARC con grupos paramilitares como los Rastrojos y los Paisas, centradas en los negocios del narcotráfico, sumando otra dimensión a la contienda interna.
“A las FARC se les agotó su tiempo”, advirtió el presidente electo Santos, y anunció que a partir del 7 de agosto, cuando tome posesión del cargo, será más contundente en la lucha contra las guerrillas y los narcotraficantes. “Que oigan los terroristas y que oiga el mundo, a las FARC se les agotó su tiempo. Colombia está saliendo de su pesadilla del secuestro y la violencia; mientras insistan en sus métodos terroristas, mientras insistan en atacar al pueblo colombiano no habrá dialogo y las seguiremos enfrentando con toda la dureza, con toda la firmeza”, afirmó el sucesor de Uribe. Aún así, anunció que en su gobierno “seguirán abiertas las puertas de reinserción para aquellos guerrilleros que abandonen las filas del terrorismo y quieran regresar a la sociedad”. Pero recalcó: “A las FARC y a los violentos se les agotó su tiempo, y los colombianos saben bien que yo sé como combatirlos”.
Como ministro de Defensa, Santos ideó y ejecutó algunas de las operaciones clave que llevaron a las FARC a debilitarse y a retroceder. En marzo de 2008, Santos fue el artífice de la Operación Fénix, en la que murió el número dos de las FARC, Raúl Reyes como consecuencia de un bombardeo del Ejército de Colombia a un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano. Aquella acción, marcó el inicio del fin de la entonces cúpula de las FARC. Meses después, en julio de ese año, se llevó a cabo la Operación Jaque, en la que el Ejército liberó a 15 secuestrados, entre ellos a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres estadounidenses. Este año, fue la Operación Camaleón, que permitió el rescate militar de cuatro uniformados con más de 12 años de cautiverio. Hace pocas horas el presidente Uribe aseguró que las fuerzas militares se encuentran pisándole los talones a Alfonso Cano, jefe máximo de las FARC.
Las FARC han sido definidas como una organización terrorista y narcotraficante, que está “diezmada de manera significativa”, pero que “perdura y sigue siendo peligrosa”. Los insurgentes siguen siendo “un factor de desestabilización para la región y un reto para el gobierno colombiano”, afirman expertos.
La guerrilla han sido debilitada pero no derrotada, y como sucede con otros grupos insurgentes aún se harán escuchar con publicitarios ataques terroristas, para no desaparecer de la escena. Pese a no ser una amenaza a la estabilidad del Estado, ni a la democracia; ni contar con el respaldo ciudadano, son un problema para los colombianos y por extensión para la región porque hoy recurren al narcotráfico como fuente de financiación, desatando nuevos desafíos para enfrentar, explican expertos europeos.
Eligiendo como presidente a Santos, los colombianos votaron por la continuidad de la política de firmeza hacia la guerrilla. La victoria en las urnas de Santos es un respaldo a las estrategias de seguridad democrática que llevó adelante Uribe, y una clara derrota para las debilitadas FARC y sus aliados.
viernes, 2 de julio de 2010
Un Plan México para ganar la guerra
La ola de violencia que sufre México ha dejado en lo que va de año más de 5.000 muertes, una cifra que en promedio representa más de un asesinato por cada hora al alcanzar una media diaria de 28,9, según un recuento del diario Excelsior. Entre los últimos acribillados a balazos por los cárteles del narcotráfico está uno de los candidatos que se presentaba a las elecciones de gobernadores de este domingo. El asesinato político contra Rodolfo Torre Cantú ha sido el más importante ocurrido en México desde el atentado en 1994, en la ciudad de Tijuana, del aspirante a la presidencia Luis Donaldo Colosio.
Estos crímenes representan un mensaje contundente e intimidatorio del narcotráfico que busca mostrar su capacidad de desafiar a las instituciones democráticas, atacando el proceso electoral mexicano. La lucha contra la inseguridad debe ser una batalla del Estado mexicano -tal como lo reclamó el presidente Felipe Calderón- y no solo del gobierno, según opinó el diario El Universal en un editorial, en el cual admite que México está enfrentando una crisis. Los narcotraficantes, que comienzan a operar como verdaderos grupos insurgentes, promueven un gobierno paralelo con funcionarios corruptos electos en los niveles municipal y estatal, opinan expertos.
Calderón considera que los narcos no sólo han penetrado las instituciones sino que están retando al Estado: “hemos comprobado que el crimen organizado es una amenaza permanente y que debemos de cerrar filas para enfrentarlo y evitar que se repitan acciones como el cobarde asesinato que ha conmovido al país”. El presidente afirmó que la muerte del aspirante a gobernador, “se trata de un hecho, no sólo contra un candidato de un partido, sino contra las instituciones democráticas... es un hecho que reclama una respuesta unida y firme de parte de los que creemos en la democracia. No podemos, ni debemos permitir que el crimen pretenda imponer su voluntad y sus reglas perversas”.
La Arquidiócesis de México advirtió que “el crimen organizado puede ejercer su poder político, no sólo imponiendo candidatos, asegurando plazas o negociando financiamientos, sino también impidiendo el derecho de la gente a elegir el proyecto y al candidato político que considere idóneos”. La iglesia sostiene que “se ha llegado al colmo de que los delincuentes controlan barrios enteros de algunas ciudades y que su amenaza amedrenta gobiernos que deciden reducir sus obligaciones por temor”.
Territorios completos como Nayarit, Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, viven en la incertidumbre. Hay autopistas y rutas en Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas donde los cárteles se dan el lujo de tener sus propios retenes ante la incapacidad del Estado de imponer la Ley, denuncia la prensa. Hasta hace pocos días, el cártel de “Los Zetas” tenía en su poder un pozo petrolero, que puedo ser recuperado tras una ofensiva del ejército mexicano. “Nos encontramos en una guerra irregular. Es el colapso total de las instituciones”, sostuvo el analista Javier Livas.
Para el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, México necesita una iniciativa similar al Plan Colombia que incluya la cooperación de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles del narcotráfico. “Si no hay un Plan México equivalente al Plan Colombia, aquí no se puede” ganar la lucha contra los cárteles, señaló Castañeda.
En una exposición, denominada “Escenario fronterizo: Guerra contra el Narcotráfico”, Castañeda aseguró que en la cruzada que emprendió desde el inicio de su gestión el presidente Felipe Calderón, México sólo cuenta con un aliado, Estados Unidos. Sostuvo que para triunfar en la guerra contra los cárteles México tendría que permitir el ingreso de asesores. El ex canciller sostuvo que en el caso de Colombia hay alrededor de mil asesores militares y policiales estadounidenses en su territorio desde hace una década, por lo que en México se requerirían de entre 2.500 y 3.000 por su tamaño y población.
México y Estados Unidos acordaron en 2007 la creación de la Iniciativa Mérida con un presupuesto de 1.300 millones de dólares que el Congreso estadounidense autorizó para ayudar a la lucha mexicana contra el narcotráfico.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Colombia cayó la producción de hoja de coca como consecuencia de las políticas de seguridad impulsadas por el presidente Alvaro Uribe, en el marco del Plan Colombia. El presidente electo colombiano, Juan Manuel Santos, señaló que esto “es una demostración de que el Plan Colombia ha funcionado”, en alusión al acuerdo que su país firmó con Estados Unidos en 2001 por el que Washington ha aportado hasta hoy más de 6.000 millones de dólares a la lucha contra el narcotráfico. “El tráfico de drogas es una amenaza común para México y Colombia. Desde esta perspectiva, algunas de las experiencias acumuladas por Colombia en esta larga lucha pueden ser relevantes para México. Por tanto, tendremos la máxima disposición para compartir el aprendizaje que tan duramente hemos adquirido en este combate”, aseguró Santos.
El desafío más grande que tiene el gobierno mexicano es enfrentar a grupos de narcoterroristas bien equipados militarmente, algunos de los cuales están integrados por ex militares o ex policías, y cuyo poder más efectivo se extiende con la corrupción multiplicadora, alertan los expertos.
Las fuerzas armadas de México están enfrentando a verdaderos grupos insurgentes. El enemigo vive entre civiles. El reto es transformar a los militares -construir nuevas capacidades- de una fuerza convencional diseñada para combatir amenazas externas, a un ejército que tiene que enfrentar una guerra irregular. Desde diciembre de 2006 la ofensiva de los cárteles contra las instituciones democráticas ha dejado más de 22.000 muertos. La democracia mexicana está jaqueada por una guerra de baja intensidad.
Estos crímenes representan un mensaje contundente e intimidatorio del narcotráfico que busca mostrar su capacidad de desafiar a las instituciones democráticas, atacando el proceso electoral mexicano. La lucha contra la inseguridad debe ser una batalla del Estado mexicano -tal como lo reclamó el presidente Felipe Calderón- y no solo del gobierno, según opinó el diario El Universal en un editorial, en el cual admite que México está enfrentando una crisis. Los narcotraficantes, que comienzan a operar como verdaderos grupos insurgentes, promueven un gobierno paralelo con funcionarios corruptos electos en los niveles municipal y estatal, opinan expertos.
Calderón considera que los narcos no sólo han penetrado las instituciones sino que están retando al Estado: “hemos comprobado que el crimen organizado es una amenaza permanente y que debemos de cerrar filas para enfrentarlo y evitar que se repitan acciones como el cobarde asesinato que ha conmovido al país”. El presidente afirmó que la muerte del aspirante a gobernador, “se trata de un hecho, no sólo contra un candidato de un partido, sino contra las instituciones democráticas... es un hecho que reclama una respuesta unida y firme de parte de los que creemos en la democracia. No podemos, ni debemos permitir que el crimen pretenda imponer su voluntad y sus reglas perversas”.
La Arquidiócesis de México advirtió que “el crimen organizado puede ejercer su poder político, no sólo imponiendo candidatos, asegurando plazas o negociando financiamientos, sino también impidiendo el derecho de la gente a elegir el proyecto y al candidato político que considere idóneos”. La iglesia sostiene que “se ha llegado al colmo de que los delincuentes controlan barrios enteros de algunas ciudades y que su amenaza amedrenta gobiernos que deciden reducir sus obligaciones por temor”.
Territorios completos como Nayarit, Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, viven en la incertidumbre. Hay autopistas y rutas en Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas donde los cárteles se dan el lujo de tener sus propios retenes ante la incapacidad del Estado de imponer la Ley, denuncia la prensa. Hasta hace pocos días, el cártel de “Los Zetas” tenía en su poder un pozo petrolero, que puedo ser recuperado tras una ofensiva del ejército mexicano. “Nos encontramos en una guerra irregular. Es el colapso total de las instituciones”, sostuvo el analista Javier Livas.
Para el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, México necesita una iniciativa similar al Plan Colombia que incluya la cooperación de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles del narcotráfico. “Si no hay un Plan México equivalente al Plan Colombia, aquí no se puede” ganar la lucha contra los cárteles, señaló Castañeda.
En una exposición, denominada “Escenario fronterizo: Guerra contra el Narcotráfico”, Castañeda aseguró que en la cruzada que emprendió desde el inicio de su gestión el presidente Felipe Calderón, México sólo cuenta con un aliado, Estados Unidos. Sostuvo que para triunfar en la guerra contra los cárteles México tendría que permitir el ingreso de asesores. El ex canciller sostuvo que en el caso de Colombia hay alrededor de mil asesores militares y policiales estadounidenses en su territorio desde hace una década, por lo que en México se requerirían de entre 2.500 y 3.000 por su tamaño y población.
México y Estados Unidos acordaron en 2007 la creación de la Iniciativa Mérida con un presupuesto de 1.300 millones de dólares que el Congreso estadounidense autorizó para ayudar a la lucha mexicana contra el narcotráfico.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Colombia cayó la producción de hoja de coca como consecuencia de las políticas de seguridad impulsadas por el presidente Alvaro Uribe, en el marco del Plan Colombia. El presidente electo colombiano, Juan Manuel Santos, señaló que esto “es una demostración de que el Plan Colombia ha funcionado”, en alusión al acuerdo que su país firmó con Estados Unidos en 2001 por el que Washington ha aportado hasta hoy más de 6.000 millones de dólares a la lucha contra el narcotráfico. “El tráfico de drogas es una amenaza común para México y Colombia. Desde esta perspectiva, algunas de las experiencias acumuladas por Colombia en esta larga lucha pueden ser relevantes para México. Por tanto, tendremos la máxima disposición para compartir el aprendizaje que tan duramente hemos adquirido en este combate”, aseguró Santos.
El desafío más grande que tiene el gobierno mexicano es enfrentar a grupos de narcoterroristas bien equipados militarmente, algunos de los cuales están integrados por ex militares o ex policías, y cuyo poder más efectivo se extiende con la corrupción multiplicadora, alertan los expertos.
Las fuerzas armadas de México están enfrentando a verdaderos grupos insurgentes. El enemigo vive entre civiles. El reto es transformar a los militares -construir nuevas capacidades- de una fuerza convencional diseñada para combatir amenazas externas, a un ejército que tiene que enfrentar una guerra irregular. Desde diciembre de 2006 la ofensiva de los cárteles contra las instituciones democráticas ha dejado más de 22.000 muertos. La democracia mexicana está jaqueada por una guerra de baja intensidad.
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