La izquierda ha tenido y tiene una relación conflictiva con los medios de comunicación. Generalmente, sus dirigentes y gobernantes, desde la oposición o desde el gobierno tienen en la mira a los medios de comunicación cuando las cosas no le salen bien o no le son funcionales a sus intereses. La historia está llena de ejemplos. Muchos gobernantes izquierdistas que se benefician de la prensa y de la democracia para llegar al gobierno, lo primero que hacen cuando alcanzan el poder es censurarla o controlarla. No les interesan voces distintas ni críticas. Prefieren las unanimidades forzadas, al igual que lo hicieron muchos regímenes dictatoriales militares de distinto signo, incluido el cubano, durante el siglo XX en América Latina. El que disiente, el que piensa distinto, es un enemigo.
Hoy gobiernos como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador no dudan en tomar medidas contra los medios de comunicación y contra los periodistas que no son de su agrado. Cierres de cadenas de radio y televisión, “leyes mordazas”, creación de medios de comunicación oficiales en donde prima la propaganda sobre la información, son hechos que se repiten en los últimos tiempos. Los integrantes de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), el bloque antiestadounidense creado en 2004 por Venezuela y Cuba, no están dispuestos a tolerar medios de comunicación independientes de sus respectivos gobiernos, y mucho menos si critican sus erráticas políticas.
En la Venezuela del presidente Hugo Cháve, la cadena RCTV, fue suspendida el 24 de enero por no retransmitir los maratónicos discursos del mandatario, tal y como obliga una reciente ley. El ministro y presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Diosdado Cabello, incluso calificó la cadena de “porquería”, quizás emulando algunos de los epítetos que utiliza el dirigente cubano Fidel Castro, un precursor en materia de violaciones a la libertad de prensa. Ante estos hechos, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), William Echeverría, alertó que la democracia corría “peligro”. RCTV ya había perdido su licencia en 2007. Otra cadena crítica con el gobierno, Globovisión, se encuentra igualmente amenazada mientras que 34 medios audiovisuales fueron cerrados el pasado año por supuestas “irregularidades administrativas”.
En Venezuela, una ley de 2004 obliga a las cadenas nacionales a difundir los discursos del presidente. El presidente Chávez creó una red de medios oficiales en donde la propaganda está a la orden del mediático mandatario. “Seis televisoras, dos circuitos de radio, más de 150 páginas web, una agencia de noticias, un satélite y una imprenta”, detalla Marcelino Bisbal, editor de un libro sobre el control de los medios.
Otros de los socios del ALBA, Ecuador, van por el mismo camino que la Venezuela de Chávez. Los ataques son los mismos. La prensa es un poder "mediocre, corrupto y mentiroso", afirma el presidente Rafael Correa, electo en 2006.
El país acaba de crear su primera agencia de prensa oficial y un proyecto de “ley mordaza” está en debate en el Parlamento. A fines de diciembre, la cadena Teleamazonas fue suspendida durante tres días por el organismo de telecomunicaciones, mientras que el presidente dice en sus discursos cuales programas son buenos o malos.
En Bolivia, el presidente Evo Morales, reelegido por amplia mayoría en diciembre, también multiplicó los ataques con los medios que le son críticos. Morales no oculta que el gobierno estudia la forma de controlar los medios “para que no mientan” afirma, al tiempo que dedica parte del dinero del Estado para montar medios oficialistas.
En Nicaragua las cosas no son mejores. Albanisa, una empresa constituida en Nicaragua por una filial de Petróleos de Venezuela, que aporta el 51% del capital y, por ende, domina las decisiones, y la también estatal Petróleos de Nicaragua, dueña del 49% y vinculada tanto al presidente Daneil Ortega como a la primera dama, Rosario Murillo, adquirió Telenica Canal 8, uno de las tres emisoras de televisión más vistas del país, que había mantenido hasta ahora una línea de independiente al régimen sandinista. En su lugar, han impuesto una programación con clara tendencia propagandística.
Tan pronto se dio el cambio de dueños, Carlos Fernando Chamorro, el periodista más respetado de Nicaragua, dejó de transmitir dos programas que tenía en esa emisora, y Telenica comenzó a divulgar cinco ediciones diarias, de media hora cada una, del noticiero de Telesur, la televisora y productora estatal que también domina Chávez.
Tal como comentó el escritor y comunicador Guillermo Cortés, la operación “es la manifestación más grande de avance en el control mediático de parte del Frente Sandinista”, que ya posee el Canal 4 y ha logrado neutralizar el contenido periodístico de Canal 2, la emisora con mayor audiencia, hoy dedicada a una programación totalmente edulcorada para mantener su frecuencia.
Los ejemplos sobre estas tendencias son muchos. Y cuando se lesiona la libertad de expresión, indefectiblemente se atenta contra la democracia.
A falta de los medios tradicionales masivos, hay miles de ciudadanos informando, informándose y debatiendo por Facebook, Twitter, y por todas las redes sociales posibles. Hay un campo en el que estos gobiernos no han intervenido aún, lo que no significa que no puedan hacerlo. Los cubanos ya lo padecen. Acceder a internet es una odisea digna de un novelista y los que lo logran son víctimas de las censuras del régimen.
No es la primera vez que ocurre esta ofensiva contra los medios de comunicación y los periodistas en América Latina, bajo regímenes de diferentes ideologías. El autoritarismo no admite desafíos. Pero los medios de comunicación terminarán por ganar esta batalla, frente a una pretensión obsoleta de limitar las libertades.
Cuando no se respeta la libertad de expresión y de prensa, la democracia peligra.
