La ola de violencia que sufre México ha dejado en lo que va de año más de 5.000 muertes, una cifra que en promedio representa más de un asesinato por cada hora al alcanzar una media diaria de 28,9, según un recuento del diario Excelsior. Entre los últimos acribillados a balazos por los cárteles del narcotráfico está uno de los candidatos que se presentaba a las elecciones de gobernadores de este domingo. El asesinato político contra Rodolfo Torre Cantú ha sido el más importante ocurrido en México desde el atentado en 1994, en la ciudad de Tijuana, del aspirante a la presidencia Luis Donaldo Colosio.
Estos crímenes representan un mensaje contundente e intimidatorio del narcotráfico que busca mostrar su capacidad de desafiar a las instituciones democráticas, atacando el proceso electoral mexicano. La lucha contra la inseguridad debe ser una batalla del Estado mexicano -tal como lo reclamó el presidente Felipe Calderón- y no solo del gobierno, según opinó el diario El Universal en un editorial, en el cual admite que México está enfrentando una crisis. Los narcotraficantes, que comienzan a operar como verdaderos grupos insurgentes, promueven un gobierno paralelo con funcionarios corruptos electos en los niveles municipal y estatal, opinan expertos.
Calderón considera que los narcos no sólo han penetrado las instituciones sino que están retando al Estado: “hemos comprobado que el crimen organizado es una amenaza permanente y que debemos de cerrar filas para enfrentarlo y evitar que se repitan acciones como el cobarde asesinato que ha conmovido al país”. El presidente afirmó que la muerte del aspirante a gobernador, “se trata de un hecho, no sólo contra un candidato de un partido, sino contra las instituciones democráticas... es un hecho que reclama una respuesta unida y firme de parte de los que creemos en la democracia. No podemos, ni debemos permitir que el crimen pretenda imponer su voluntad y sus reglas perversas”.
La Arquidiócesis de México advirtió que “el crimen organizado puede ejercer su poder político, no sólo imponiendo candidatos, asegurando plazas o negociando financiamientos, sino también impidiendo el derecho de la gente a elegir el proyecto y al candidato político que considere idóneos”. La iglesia sostiene que “se ha llegado al colmo de que los delincuentes controlan barrios enteros de algunas ciudades y que su amenaza amedrenta gobiernos que deciden reducir sus obligaciones por temor”.
Territorios completos como Nayarit, Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, viven en la incertidumbre. Hay autopistas y rutas en Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas donde los cárteles se dan el lujo de tener sus propios retenes ante la incapacidad del Estado de imponer la Ley, denuncia la prensa. Hasta hace pocos días, el cártel de “Los Zetas” tenía en su poder un pozo petrolero, que puedo ser recuperado tras una ofensiva del ejército mexicano. “Nos encontramos en una guerra irregular. Es el colapso total de las instituciones”, sostuvo el analista Javier Livas.
Para el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, México necesita una iniciativa similar al Plan Colombia que incluya la cooperación de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles del narcotráfico. “Si no hay un Plan México equivalente al Plan Colombia, aquí no se puede” ganar la lucha contra los cárteles, señaló Castañeda.
En una exposición, denominada “Escenario fronterizo: Guerra contra el Narcotráfico”, Castañeda aseguró que en la cruzada que emprendió desde el inicio de su gestión el presidente Felipe Calderón, México sólo cuenta con un aliado, Estados Unidos. Sostuvo que para triunfar en la guerra contra los cárteles México tendría que permitir el ingreso de asesores. El ex canciller sostuvo que en el caso de Colombia hay alrededor de mil asesores militares y policiales estadounidenses en su territorio desde hace una década, por lo que en México se requerirían de entre 2.500 y 3.000 por su tamaño y población.
México y Estados Unidos acordaron en 2007 la creación de la Iniciativa Mérida con un presupuesto de 1.300 millones de dólares que el Congreso estadounidense autorizó para ayudar a la lucha mexicana contra el narcotráfico.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Colombia cayó la producción de hoja de coca como consecuencia de las políticas de seguridad impulsadas por el presidente Alvaro Uribe, en el marco del Plan Colombia. El presidente electo colombiano, Juan Manuel Santos, señaló que esto “es una demostración de que el Plan Colombia ha funcionado”, en alusión al acuerdo que su país firmó con Estados Unidos en 2001 por el que Washington ha aportado hasta hoy más de 6.000 millones de dólares a la lucha contra el narcotráfico. “El tráfico de drogas es una amenaza común para México y Colombia. Desde esta perspectiva, algunas de las experiencias acumuladas por Colombia en esta larga lucha pueden ser relevantes para México. Por tanto, tendremos la máxima disposición para compartir el aprendizaje que tan duramente hemos adquirido en este combate”, aseguró Santos.
El desafío más grande que tiene el gobierno mexicano es enfrentar a grupos de narcoterroristas bien equipados militarmente, algunos de los cuales están integrados por ex militares o ex policías, y cuyo poder más efectivo se extiende con la corrupción multiplicadora, alertan los expertos.
Las fuerzas armadas de México están enfrentando a verdaderos grupos insurgentes. El enemigo vive entre civiles. El reto es transformar a los militares -construir nuevas capacidades- de una fuerza convencional diseñada para combatir amenazas externas, a un ejército que tiene que enfrentar una guerra irregular. Desde diciembre de 2006 la ofensiva de los cárteles contra las instituciones democráticas ha dejado más de 22.000 muertos. La democracia mexicana está jaqueada por una guerra de baja intensidad.
