Sí importa quién tira la primera piedra

No importa quién tira la primera piedra, dice un dicho popular. Sin embargo en el conflicto entre el grupo terrorista Hamas y los israelíes importa, porque nuevamente ese grupo palestino que controla la franja de Gaza ha encendido la mecha de una nueva escalada de violencia contra la población civil del sur de Israel.

Sin embargo nadie debería extrañarse por la nueva situación. La violencia constante del grupo islámico es consecuente con su prédica política. ¿Qué quiere Hamas, porque lucha?  El 18 de agosto de 1988 Hamas hizo público un extenso manifiesto de su acción político-militar, cuyo eje central es la aniquilación del Estado de Israel. En 36 artículos, promueven como principal objetivo la destrucción del Estado judío a través del Jihad (la guerra santa islámica). En el preámbulo del documento rector afirma: “Israel (...) continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que ha destruido a otros en el pasado”. Hamas rechazó siempre un acuerdo de paz con sus vecinos israelíes. “Las iniciativas, y las llamadas soluciones pacificas y conferencias internacionales contradicen los principios del Movimiento de Resistencia Islámica... Estas conferencias no son más que un medio para designar infieles como árbitros en las tierras del Islam... No existe ninguna solución al problema palestino sino por medio del Jihad. Las iniciativas, las propuestas y las conferencias internacionales no son sino una pérdida de tiempo, un ejercicio inútil”, según el artículo 13 de su carta de principios.

En el año 2005, Israel se retiró por completo, de forma unilateral, de la Franja de Gaza, en un intento proactivo de avanzar con el proceso de paz. El Hamas, que ha hecho todos los esfuerzos posibles por destruir dicho proceso, tomó por la fuerza el poder dando un golpe de Estado contra la Autoridad Palestina y convirtió a Gaza en un gigantesco depósito de municiones que ha utilizado para atentar de forma permanente contra Israel y sus habitantes. Desde entonces, 7000 cohetes han sido disparados contra territorio israelí en sólo 7 años.
Desde principios del 2012, más de 800 misiles han sido disparados desde la Franja de Gaza contra el sur del Israel, poniendo en riesgo la vida de más de un millón de ciudadanos israelíes. Durante muchos meses, a pesar de los constantes ataques contra su población, Israel se abstuvo de responder de forma contundente con el fin de evitar una escalada del conflicto. Los últimos ataques comenzaron la noche del sábado 10 de noviembre cuando un misil anti tanque fue lanzado contra un jeep del ejército que se movilizaba por el lado israelí de la cerca de seguridad. Desde entonces, más de 550 cohetes han sido lanzados contra ciudadanos israelíes, alcanzando ciudades como Jerusalén y Tel Aviv.
La operación militar tuvo como objetivo debilitar la red de lanzamiento de misiles para reducir la amenaza que significan los ataques del Hamas. Israel actuó en defensa propia cumpliendo con la obligación de defender a sus ciudadanos. Algo diametralmente opuesto a la irresponsable costumbre de Hamas de esconderse entre los civiles cuando atacan a los israelíes, incluso en escuelas y hospitales desde donde lanzan sus misiles, poniendo en riesgo la vida de su población.

El objetivo principal que se propuso en este caso el gobierno de Israel es el de recuperar el poder de disuasión frente al Hamas, y con ello generar un espacio de tiempo importante que le otorgue respiro al millón de habitantes del sur del país que están en la frontera. Será fundamental que las partes retornen a la mesa de negociaciones, una condición imprescindible para lograr un acuerdo de paz justo y duradero entre dos pueblos que están destinados a vivir como vecinos, pero está muy claro que Hamas y la Jihad islamica están violentamente muy lejos de esta concepción, por el contrario no pierden oportunidad de fogonear el viejo conflicto.

Moscú y Pekín blindan al régimen sirio

Durante cuatro décadas, el clan Al-Assad ha dominado con puño de hierro a los sirios. Hoy el país se divide en dos. Unos apoyan al gobernante y su élite que intenta perpetuarse en el poder, mientras otros buscan derrocarlo exigiendo libertad y cambios. Suníes frente a chiítas alauitas; nacionalismo y laicismo frente a integrismo, todo en el marco de la denominada y contradictoria “primavera árabe”, de la cual todos buscan sacar sus réditos.

Las escenas de represión se suceden, pero la cuenta atrás de Bachar al Assad ha comenzado hace meses. Siria es un aliado estratégico del régimen teocrático iraní. Es uno de uno de los pocos que tiene el régimen chiíta persa en el mundo árabe. Siria es el soporte de grupos terroristas y fundamentalistas como Hezbolá en Líbano y uno de los causantes de haber sumido al Líbano en la desintegración, y es un apoyo esencial para Hamas, porque no importa las divisiones entre chiísmo y sunismo. Las diferencias quedan relegadas ante el mismo odio hacia el Estado judío. El apoyo de Teherán es hoy clave para Damasco.

El hombre fuerte del régimen sirio aún no ha caído porque su impune represión es sostenida por los gobiernos de Rusia y China. A fines de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU, bloqueado por Moscú y Pekín, solo había emitido una débil declaración de condena de la violencia en Siria, que ya se ha cobrado las vidas de miles de personas. Amnistía Internacional había pedido en abril de 2011 que se remitiera la situación de Siria a la Corte Penal Internacional por las pruebas de la comisión de crímenes de lesa humanidad. Pero debido a la determinación con que Rusia y China protegen a Siria en la ONU, se sigue eludiendo la rendición de cuentas por los delitos de derecho internacional y violaciones de los derechos humanos en ese país árabe.

Siria, que posee profundos lazos políticos, económicos y militares tanto con Rusia como con China, depende mucho de esos dos países para adquirir las armas que actualmente usa contra los manifestantes de la revuelta que comenzó el año pasado contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Las relaciones entre ambos se remontan a la era de la ex Unión Soviética y del padre del actual presidente, Hafez al-Assad (1930-2000). Durante las tres décadas de su mandato (1971-2000), los soviéticos (y luego Rusia) entregaron unos 25.000 millones de dólares en armas a Damasco. Esto recargó al ejército sirio con material militar legado por soviéticos y rusos y que estos últimos continúan manteniendo y restaurando, mediante multimillonarios acuerdos.

Los proveedores tradicionales de Siria en materia armamentista también incluyen a China, la República Checa, Ucrania y Corea del Norte. En las últimas tres décadas las armas rusas prácticamente inundaron Siria.

Los rusos firmaron un Tratado de Amistad y Cooperación con Siria en octubre de 1970. Los rusos tenían entre 3.000 y 4.000 consejeros militares apostados en Siria, según informes de prensa.

En enero de 2005 el Kremlin condonó unos 9.800 millones de dólares de una deuda de 13.400 millones que Damasco arrastraba desde la era soviética, cimentando así el camino para nuevos acuerdos armamentistas, muchos de los cuales incluyeron actualizaciones a plataformas ya en el servicio sirio, como sus MiG-21, -23 y -29.

Algunas de las ventas más recientes a Siria incluyen al sistema de defensa aérea de corto alcance y autopropulsado 96K6 Pantsir-S1E (conocido como SA-19 Grison según la designación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte) y al sistema de misiles de mediano alcance Buk-2M Ural (SA-17 Grizzly). Rusia también está creando una base naval en el puerto sirio de Tartus, y posiblemente otro en Latakia.

El comercio militar de China con Siria no es tan voluminoso como el de Rusia, pero provee a Damasco de misiles y de la tecnología correlativa a los mismos.

Entre 2002 y 2009 Rusia firmó acuerdos armamentistas por 5.800 millones de dólares con Siria, e hizo lo propio con China por 800 millones. Sin embargo, entre 2006 y 2009 las ventas militares chinas a Siria se triplicaron en relación al cuatrienio previo.

La represión contra las manifestantes que protestan en las calles es a sangre y fuego y en virtud del férreo apoyo con el que cuenta por parte de Rusia y de China con su veto dentro del Consejo de Seguridad, es improbable que tenga lugar una intervención militar occidental y que Assad siga el mismo camino que el coronel Kadafi en Libia. Si el nivel de represión contra la revuelta popular continuara constante y la Misión de Observación de la Liga Árabe sufriera algún atentado, eventualmente la comunidad internacional podría verse obligada a actuar.

La mayoría de los países no confían en que el mandatario sirio, Bashar Al Assad detenga su ola de violencia contra sus opositores ya que no ha cumplido los compromisos acordados con la Liga Árabe. La misión de la Liga Árabe comenzó el 26 de diciembre y se espera que concluya en enero. Sin embargo, ha estado signada por controversia desde su inicio, porque el jefe de la misión, el teniente general Mohammed Ahmed al-Dabi, fue jefe de la inteligencia del ejército de Sudán, país en donde las violaciones a los derechos humanos han sido moneda corriente.

La represión en Siria deja hasta el momento unas 6.000 personas muertas y alrededor de 60.000 personas apresadas por el régimen. Los reportes de hechos sangrientos aumentan cada día, a pesar de la presencia de observadores de la Liga Árabe en el país y de las peticiones internacionales de que cesen los enfrentamientos. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU condenó a Siria por violación de los derechos humanos. El proyecto fue aprobado por 122 votos a favor con 13 en contra (Belarús, Bolivia, Cuba, Ecuador, Irán, Nicaragua, Myanmar, Siria, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, República Popular Democrática de Corea y Zimbabwe) y 41 abstenciones, entre las que destacaron las de China y Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La resolución fue presentada por las delegaciones de Francia, Reino Unido y Alemania, con el respaldo de varios estados árabes (Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Jordania y Marruecos).

“Hoy le digo de nuevo al presidente Assad de Siria: detenga la violencia. Deje de matar a su pueblo”, dijo el secretario general de la Ban Ki-moon. Con su veto en el Consejo de Seguridad, Moscú y Pekín paralizan a la ONU y blindan al régimen de Al Assad. La tríada de Rusia, China e Irán sostienen hoy política y militarmente al régimen sirio. Al igual que el gobierno de Damasco, son responsables del baño de sangre.

Irán quiere saber con quién cuenta en América Latina

El presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, cada vez más presionado por Occidente por su programa nuclear y sus provocaciones militares en Medio Oriente, realiza una gira por Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador, en busca de un tubo de oxígeno entre sus aliados más estrechos. La elección que hace el régimen teocrático islámico no es casual. Los gobiernos que lo reciben con honores son, al igual que Teherán, duros críticos de la administración del presidente estadounidense Barack Obama. Hostiles a Estados Unidos, los gobiernos de estos cuatro países se acercaron en los últimos años a Irán, especialmente Venezuela, cuyo presidente ha viajado en nueve ocasiones a ese país en 13 años de gobierno.

Con la visita de Ahmadinejad a sus países aliados de la región latinoamericana, Teherán persigue el objetivo de escapar a las sanciones económicas internacionales y mantener una fuente de materias primas, obviamente necesarias para su subsistencia, ante las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos. El régimen iraní ya tiene inversiones y acuerdos comerciales previos y ahora busca profundizarlos, sabiendo que, además, su movida será leída como un desafío más dirigido a los Estados Unidos. Quiere ganar espacio diplomático, fortalecer relaciones con países del continente americano y aumentar su influencia sobre sus socios regionales. En los últimos años, además de los cinco viajes del presidente ultraconservador, Irán ha doblado el número de sus embajadas en América Latina. También el régimen islámico ha confirmado su interés por la zona con el lanzamiento de un canal en español para Iberoamérica. Para el régimen de Teherán, la idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo tiene hoy una relevancia particular ante la situación geopolítica de Medio Oriente.
Estados Unidos y Europa estrecharon el cerco a Irán con nuevas sanciones, y los países de la Unión Europea hallaron un principio de acuerdo para decretar un embargo de las importaciones de petróleo iraní, que representan el 18% del total de exportaciones de crudo de la República Islámica, segundo productor de la OPEP.

Las medidas, que buscan obligar a Teherán a abandonar su controvertido programa nuclear –sospechoso según Occidente de perseguir la bomba atómica pese a los desmentidos iraníes– , coincidieron con un ensayo de misiles de Teherán en la región del estrecho de Ormuz y amenazas a Estados Unidos.

Irán amenazó con emplear “toda la fuerza” si Washington no renuncia a la presencia de su fuerza naval en el Golfo, algo que la Casa Blanca ya adelantó que no hará.

Incluso altos responsables declararon que Irán podría cerrar el estrecho de Ormuz, por donde transita el 35% del tráfico marítimo petrolero mundial.

Al tiempo que se radicaliza, Teherán se aísla en su región, convulsa por las insurrecciones populares que amenazan los regímenes vigentes. Irán teme ser “el próximo” blanco de una revuelta y con la crisis de Siria ha podido comprobar que la Liga Árabe, que ha pedido al régimen de Bashar Al Asad que cese los disparos contra los manifestantes opositores, está cada vez más controlada por Arabia Saudita, aliada de Washington.

Para Carlos Romero, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, Ahmadinejad “trata de buscar oxígeno en América Latina. Su país está en el plano internacional en una situación muy compleja e internamente se le está cuestionando, con cada día más protestas en las redes sociales y denuncias de violaciones de los derechos humanos”.

Sin embargo en América Latina el régimen islámico parece no gozar del apoyo de otros tiempos. No cuenta desde hace tiempo con el de Argentina, desde el atentado contra la mutual judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994 en Buenos Aires. Ocho ex altos funcionarios iraníes figuran entre los imputados en el ataque, todos ellos con orden de captura internacional avalada por Interpol, entre ellos el ex presidente Alí Rafsanjani (1989-1997), el ex canciller Alí Akbar Velayati y el actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi. Pero además, ha perdido el de Brasil, cuya presidenta, Dilma Rousseff, se muestra más “cautelosa” que su predecesor, Luiz Inacio Lula Da Silva, en cuanto a Irán, según Lytton Guimaraes, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Brasilia.

“Brasil ahora no va a defender pero tampoco va a atacar a Irán. Se va a quedar quieto. Con Lula, hubo muchas críticas y presiones tanto internas como externas en relación a la política exterior de Brasil a Venezuela, Cuba e Irán”, dijo Guimaraes. Medios estadounidenses han visto en ello una cobertura para mayores operaciones de inteligencia. La cadena Televisa emitió en diciembre un reportaje en el que, ante cámara oculta, el embajador iraní en México sopesaba una eventual acción terrorista contra Estados Unidos. A esto se suman informes de inteligencia que indican que elementos de las Quds Force, una fuerza militar de élite del régimen, ya están instalados en varios países sudamericanos, y podría facilitar operativos junto con miembros del grupo terrorista libanés Hezbollah, al que, aseguran, le presta apoyo el Estado iraní y mantiene lazos con los cárteles de droga de la región. “Si Israel bombardea Irán, bien podría haber represalias dirigidos hacia intereses estadounidenses provenientes de los Quds Force que operan en América del Sur”, aseguró un artículo del Washington Post.
Mientras el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, firmaba una serie de acuerdos en Caracas con su principal aliado en América Latina, Hugo Chávez, en Teherán su gobierno anunciaba la condena a muerte de Amir Mirzaei Hekmati, un ciudadano estadounidense-iraní, acusado de ser un espía bajo la órbita de la CIA, algo que Washington niega. También, en un claro desafío a las nuevas sanciones de la comunidad internacional, el régimen iraní anunció en las últimas horas que una nueva instalación de enriquecimiento de uranio en Fordo comenzará a ser operacional prontamente, afirmó el jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán. La medida supone una nueva fuente de tensión entre Occidente y la teocracia iraní. “El sitio de Fordo, cerca de Qom (al sur de Teherán), será inaugurado pronto y comenzará a funcionar”, expresó Fereydoun Abbasi. La instalación nuclear está situada en una profunda cueva subterránea cavada en la montaña, cerca de la ciudad sagrada de Qom, a 160 kilómetros de Teherán. Abassi dijo que la planta es capaz de enriquecer uranio al 3.5, 4 y 20 por ciento. El funcionario iraní expresó que los nuevos “avances” nucleares serán anunciados en febrero y en el aniversario número 33 de la revolución islámica. Según reportes locales, Irán había comenzado a transferir meses atrás las centrifugadoras desde la central atómica de Natanz a Fordo.

Fordo será el segundo centro de enriquecimiento de uranio después de Natanz. El nuevo sitio fue inspeccionado por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) en octubre de 2009 – tras ser detectada por la inteligencia occidental – y los funcionarios iraníes han afirmado que la planta funcionará con al menos tres mil centrifugadoras.

Abbasi declaró que los expertos iraníes fabricaron una nueva generación de centrifugadoras, más rápidas que los modelos anteriores, para acelerar considerablemente el proceso de enriquecimiento. La semana pasada, la República Islámica anunció la producción de la primera barra de combustible nuclear de uranio enriquecido al 20 por ciento, que será probada en el reactor de Teherán. Abbasi agregó que en febrero, el reactor nuclear de Bushehr, de mil megavatios, construido por los rusos, funcionará a pleno.

Todo indica que el régimen de los ayatolas se endurece y quiere saber con qué aliados cuenta en la región latinoamericana para un eventual futuro aún más conflictivo, ante la escalada ascendente con Estados Unidos y la Unión Europea. La gira estratégica por cuatro países de América Latina es una señal inequívoca.

¿Las FFAA deben combatir las nuevas amenazas aunque sus misiones clásicas no lo prevean?

En los últimos años, a lo largo y ancho de toda la región, los índices de inseguridad se han incrementado, en especial ante las nuevas amenazas que se ciernen y se expanden poniendo en riesgo la seguridad regional y nacional. La violencia proveniente de las organizaciones criminales ha provocado miles de muertos este año en América Latina.
Las mediciones del Latinobarómetro indican que la violencia y la inseguridad son uno de los problemas prioritarios que afectan a los ciudadanos de la región. Lo que está menos garantizado en América Latina es la protección contra el crimen (30%), indica el reporte 2011. Las principales amenazas, para los latinoamericanos, están en el crimen de todo tipo, el organizado y el narcotráfico.
El problema más importante de la región es la delincuencia y la seguridad pública. En el 2011 el 28% de los latinoamericanos consideraron que este es el principal problema en sus países, por encima del desempleo. Siguiendo la tendencia que arrancó en el 2010, la inseguridad se ha consolidado como tema central de las elecciones en América Latina. En la gran mayoría de los comicios celebrados en 2011, la cuestión de la inseguridad ocupó un lugar central en las campañas electorales. En 2007 la delincuencia sólo preocupaba al 17% de los entrevistados.
Otros estudios de académicos españoles indican que cuatro de cada diez ciudadanos latinoamericanos reconocen que ellos o algún familiar han sido víctimas de asaltos, agredido o víctima de un delito en el último año.
Sin duda, las estadísticas son una prueba de la nueva realidad.
Las imágenes de cadáveres decapitados o asesinados de las formas más aberrantes imaginables, se han convertido en parte del panorama cotidiano, con más de 45.000 muertos, tras cinco años de la lucha lanzada contra los carteles por el presidente mexicano Felipe Calderón.
En Colombia, primer productor mundial de cocaína (350 toneladas al año) los cultivos de hoja de coca han disminuido pero los asesinatos, por el contrario, continúan a manos de las “Bacrim”, nuevas bandas criminales compuesta por ex miembros de grupos paramilitares, dedicadas ahora a tiempo completo al narcotráfico. Un 47% de los 17.000 homicidios cometidos en 2010 en el país sudamericano es atribuido a esos grupos por la policía. La guerrilla de las FARC, que también se financia del narcotráfico, muestra que mantiene poder militar pese al abatimiento de varios líderes, con tomas de pueblos y ataques a la fuerza pública. Lo mismo pasa en las selvas de Perú con grupos herederos del derrotado movimiento maoísta Sendero Luminoso. Pero la violencia no sólo se produce en las regiones aisladas donde se cultiva la hoja de coca. En los barrios marginales de las grandes ciudades de la región, la mortal confrontación entre bandas que se disputan el mercado por la venta del “bazuco”, “paco” o “paste base”, dejan también un reguero de muerte. El tráfico de droga “se ha convertido en uno de los problemas planetarios más importantes, porque afecta a la seguridad de millones de personas”, sostuvo Louise Arbour, ex alto comisionado de la ONU para los derechos humanos y procurador de la Corte Penal Internacional.
Estas nuevas amenazas provocan el deterioro democrático y el temor a un fracaso de los Estados. El crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo, el tráfico ilegal de armas, drogas y personas, la disputa por recursos naturales, la degradación medioambiental y la descomposición de la cohesión social, son solo algunos de los nuevos desafíos de la región. En este escenario, la mayoría de los países realizan reformas en sus cuerpos policiales y, además, muchos han comenzado a incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra unas amenazas que rayan en muchos casos con la insurgencia, promotora de la desestabilización de las instituciones democráticas.
Los peligros que corren hoy las sociedades son cualitativamente diferentes de los que se padecieron en la mayor parte del siglo XX, por eso las soluciones deben estar acordes a la nueva realidad. Para el historiador español Arturo Pérez-Reverte, “el narcotráfico ahora ya no es lo mismo. Ahora es como a la colombiana en los malos tiempos de Pablo Escobar, esa guerra sucia en la cual no hay respeto ni por niños, ni por mujeres, ni hay códigos, ni normas”, sostuvo. Sin duda las amenazas son nuevas y por ende se deben buscar nuevas formas para combatirlas.
¿Las Fuerzas Armadas deben intervenir para combatir las nuevas amenazas aunque sus misiones clásicas no lo prevean? La pregunta hoy es motivo de debates en la región. Su análisis es causa de no pocos dolores de cabeza en la mayor parte de los gobiernos del continente porque, de pronto, perciben que las nuevas amenazas entraron y se instalaron en las respectivas sociedades, mostrando un alarmante poder económico y de fuego que supera en muchas ocasiones a las fuerzas policiales, además de desafiar las leyes y las normas institucionales.
El reto de la región es enfrentar las nuevas amenazas a lo largo y ancho de las Américas como una responsabilidad compartida, más allá de las particularidades y peculiaridades de cada caso. Ningún país es inmune al problema y sus peligrosas consecuencias. Todos son parte de los nuevos retos que deben ser resueltos, para evitar consecuencias que podrían llegar a ser irreversibles con el correr del tiempo.
No fueron pocos los actores políticos en Sudamérica que subestimaron el flagelo, afirmando que estaban bajo un relativo control o intentando explicar el problema en base a concepciones ideológicas. Durante mucho tiempo estimaron que la violencia no los afectaría ni llegaría a niveles alarmantes como le sucedió a Colombia, Centroamérica y México. Pero la dinámica de las organizaciones narcoterroristas traspasó fronteras y fue involucrándonos a todos por igual, dejando todo tipo de secuelas trágicas. Consumidores, pandillas, traficantes, sicarios, lavado de dinero, armas ilegales, territorio controlado por bandas armadas, y toda una amplia gama de delitos.
Más allá de discusiones teóricas, distintos gobiernos democráticos comenzaron, en forma pragmática, a incorporar a sus militares en la lucha contra las nuevas amenazas, dejando atrás sus propios discursos ideologizados que criticaban el uso de estos efectivos en tareas que eran definidas como de seguridad interna. Hay un reclamo cada vez más importante en el seno de las sociedades de hoy. Los ciudadanos piden, exigen resultados, ante una creciente ola de inseguridad producto de las nuevas amenazas.
La necesaria cooperación entre las fuerzas militares y policías, dentro del marco de la Ley y con las reformas del caso, para combatir el embate de estas amenazas globalizadas que ya llegaron al sur del continente y aún no han alcanzado su mayor expansión, es un hecho.
No solo México y Colombia sumaron a los militares al combate de los cárteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas, también lo hicieron Brasil, Perú, El Salvador, Honduras, entre otros países. El pragmatismo ante la necesidad de combatir las nuevas amenazas primó por encima del signo ideológico.
Las Fuerzas Armadas se deberían utilizar cuando no son suficientes los otros instrumentos del Estado para detener el avance de las poderosas organizaciones ilegales. Sin embargo, las nuevas amenazas que demanden el empleo del instrumento armado, deberían ir de la mano con un necesario redimensionamiento y adecuación, algo que a su vez está ligado a la asignación de recursos presupuestales y voluntad política en la priorización de las nuevas misiones. Y si las normas legales ponen en duda la forma y oportunidad del empleo de los instrumentos del Estado, entonces se impone su modificación para responder mejor a la realidad, antes que combatir con elementos inadecuados las nuevas amenazas a la seguridad de las naciones.
Una amenaza a la seguridad de cualquier país a menudo se convierte en una amenaza a la seguridad regional, por eso las democracias deberían utilizar todas sus herramientas para frenar su expansión. Es preciso integrar todos los elementos del Estado para hacer frente a las nuevas amenazas. Desde las medidas políticas a las policiales, pasando por las económicas, diplomáticas, culturales, sociales o militares.