En los últimos años, a lo largo y ancho de toda la región, los índices de inseguridad se han incrementado, en especial ante las nuevas amenazas que se ciernen y se expanden poniendo en riesgo la seguridad regional y nacional. La violencia proveniente de las organizaciones criminales ha provocado miles de muertos este año en América Latina.
Las mediciones del Latinobarómetro indican que la violencia y la inseguridad son uno de los problemas prioritarios que afectan a los ciudadanos de la región. Lo que está menos garantizado en América Latina es la protección contra el crimen (30%), indica el reporte 2011. Las principales amenazas, para los latinoamericanos, están en el crimen de todo tipo, el organizado y el narcotráfico.
El problema más importante de la región es la delincuencia y la seguridad pública. En el 2011 el 28% de los latinoamericanos consideraron que este es el principal problema en sus países, por encima del desempleo. Siguiendo la tendencia que arrancó en el 2010, la inseguridad se ha consolidado como tema central de las elecciones en América Latina. En la gran mayoría de los comicios celebrados en 2011, la cuestión de la inseguridad ocupó un lugar central en las campañas electorales. En 2007 la delincuencia sólo preocupaba al 17% de los entrevistados.
Otros estudios de académicos españoles indican que cuatro de cada diez ciudadanos latinoamericanos reconocen que ellos o algún familiar han sido víctimas de asaltos, agredido o víctima de un delito en el último año.
Sin duda, las estadísticas son una prueba de la nueva realidad.
Las imágenes de cadáveres decapitados o asesinados de las formas más aberrantes imaginables, se han convertido en parte del panorama cotidiano, con más de 45.000 muertos, tras cinco años de la lucha lanzada contra los carteles por el presidente mexicano Felipe Calderón.
En Colombia, primer productor mundial de cocaína (350 toneladas al año) los cultivos de hoja de coca han disminuido pero los asesinatos, por el contrario, continúan a manos de las “Bacrim”, nuevas bandas criminales compuesta por ex miembros de grupos paramilitares, dedicadas ahora a tiempo completo al narcotráfico. Un 47% de los 17.000 homicidios cometidos en 2010 en el país sudamericano es atribuido a esos grupos por la policía. La guerrilla de las FARC, que también se financia del narcotráfico, muestra que mantiene poder militar pese al abatimiento de varios líderes, con tomas de pueblos y ataques a la fuerza pública. Lo mismo pasa en las selvas de Perú con grupos herederos del derrotado movimiento maoísta Sendero Luminoso. Pero la violencia no sólo se produce en las regiones aisladas donde se cultiva la hoja de coca. En los barrios marginales de las grandes ciudades de la región, la mortal confrontación entre bandas que se disputan el mercado por la venta del “bazuco”, “paco” o “paste base”, dejan también un reguero de muerte. El tráfico de droga “se ha convertido en uno de los problemas planetarios más importantes, porque afecta a la seguridad de millones de personas”, sostuvo Louise Arbour, ex alto comisionado de
Estas nuevas amenazas provocan el deterioro democrático y el temor a un fracaso de los Estados. El crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo, el tráfico ilegal de armas, drogas y personas, la disputa por recursos naturales, la degradación medioambiental y la descomposición de la cohesión social, son solo algunos de los nuevos desafíos de la región. En este escenario, la mayoría de los países realizan reformas en sus cuerpos policiales y, además, muchos han comenzado a incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra unas amenazas que rayan en muchos casos con la insurgencia, promotora de la desestabilización de las instituciones democráticas.
Los peligros que corren hoy las sociedades son cualitativamente diferentes de los que se padecieron en la mayor parte del siglo XX, por eso las soluciones deben estar acordes a la nueva realidad. Para el historiador español Arturo Pérez-Reverte, “el narcotráfico ahora ya no es lo mismo. Ahora es como a la colombiana en los malos tiempos de Pablo Escobar, esa guerra sucia en la cual no hay respeto ni por niños, ni por mujeres, ni hay códigos, ni normas”, sostuvo. Sin duda las amenazas son nuevas y por ende se deben buscar nuevas formas para combatirlas.
¿Las Fuerzas Armadas deben intervenir para combatir las nuevas amenazas aunque sus misiones clásicas no lo prevean? La pregunta hoy es motivo de debates en la región. Su análisis es causa de no pocos dolores de cabeza en la mayor parte de los gobiernos del continente porque, de pronto, perciben que las nuevas amenazas entraron y se instalaron en las respectivas sociedades, mostrando un alarmante poder económico y de fuego que supera en muchas ocasiones a las fuerzas policiales, además de desafiar las leyes y las normas institucionales.
El reto de la región es enfrentar las nuevas amenazas a lo largo y ancho de las Américas como una responsabilidad compartida, más allá de las particularidades y peculiaridades de cada caso. Ningún país es inmune al problema y sus peligrosas consecuencias. Todos son parte de los nuevos retos que deben ser resueltos, para evitar consecuencias que podrían llegar a ser irreversibles con el correr del tiempo.
No fueron pocos los actores políticos en Sudamérica que subestimaron el flagelo, afirmando que estaban bajo un relativo control o intentando explicar el problema en base a concepciones ideológicas. Durante mucho tiempo estimaron que la violencia no los afectaría ni llegaría a niveles alarmantes como le sucedió a Colombia, Centroamérica y México. Pero la dinámica de las organizaciones narcoterroristas traspasó fronteras y fue involucrándonos a todos por igual, dejando todo tipo de secuelas trágicas. Consumidores, pandillas, traficantes, sicarios, lavado de dinero, armas ilegales, territorio controlado por bandas armadas, y toda una amplia gama de delitos.
Más allá de discusiones teóricas, distintos gobiernos democráticos comenzaron, en forma pragmática, a incorporar a sus militares en la lucha contra las nuevas amenazas, dejando atrás sus propios discursos ideologizados que criticaban el uso de estos efectivos en tareas que eran definidas como de seguridad interna. Hay un reclamo cada vez más importante en el seno de las sociedades de hoy. Los ciudadanos piden, exigen resultados, ante una creciente ola de inseguridad producto de las nuevas amenazas.
La necesaria cooperación entre las fuerzas militares y policías, dentro del marco de
No solo México y Colombia sumaron a los militares al combate de los cárteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas, también lo hicieron Brasil, Perú, El Salvador, Honduras, entre otros países. El pragmatismo ante la necesidad de combatir las nuevas amenazas primó por encima del signo ideológico.
Las Fuerzas Armadas se deberían utilizar cuando no son suficientes los otros instrumentos del Estado para detener el avance de las poderosas organizaciones ilegales. Sin embargo, las nuevas amenazas que demanden el empleo del instrumento armado, deberían ir de la mano con un necesario redimensionamiento y adecuación, algo que a su vez está ligado a la asignación de recursos presupuestales y voluntad política en la priorización de las nuevas misiones. Y si las normas legales ponen en duda la forma y oportunidad del empleo de los instrumentos del Estado, entonces se impone su modificación para responder mejor a la realidad, antes que combatir con elementos inadecuados las nuevas amenazas a la seguridad de las naciones.
Una amenaza a la seguridad de cualquier país a menudo se convierte en una amenaza a la seguridad regional, por eso las democracias deberían utilizar todas sus herramientas para frenar su expansión. Es preciso integrar todos los elementos del Estado para hacer frente a las nuevas amenazas. Desde las medidas políticas a las policiales, pasando por las económicas, diplomáticas, culturales, sociales o militares.
